El asalto de Ecuador sobre la Embajada de México en Quito, el 5 de abril, fue un golpe al corazón del derecho de asilo, atesorado por las naciones de América Latina como un patrimonio compartido, sin distinción de bandos políticos, desde hace mucho más de un siglo.
Unidades fuertemente armadas de la Policía de Ecuador irrumpieron en la noche del 5 de abril en la sede diplomática para capturar a Jorge Glas —exvicepresidente durante el mandato de Rafael Correa entre 2013 y 2018—, que estaba en la embajada en calidad de asilado político.
Violaron de modo flagrante y violento la sede diplomática, avasallaron al personal mexicano y maltrataron al responsable de la sede, Roberto Canseco, a la vista de periodistas, televisión y transeúntes presentes en esa zona capitalina.
La reacción de México fue romper de inmediato las relaciones diplomáticas con Ecuador y se desató una catarata de condenas y críticas por parte de los gobiernos americanos y europeos, principalmente.
Con el asalto a la embajada, el gobierno del joven presidente derechista Daniel Noboa violó la Convención de Viena de 1961, firmada y aceptada por 190 naciones del mundo, entre ellas todas las de América, y la cual garantiza la inviolabilidad de los recintos diplomáticos y la inmunidad de su personal.
También contradijo y violó la institución del asilo construida en América Latina, de modo pionero, desde mediados del siglo XIX, desarrollada mediante acuerdos de los cuales Ecuador ha sido parte firmante y además, en sentencias de la Justicia internacional y regional.
Por eso el asalto atenta contra un credo y una institución muy latinoamericana, y que no solo protege a las personas en peligro por motivos relacionados con la política, sino que es un escudo de los estados más pequeños y relativamente débiles —como en algunas ocasiones el propio Ecuador— frente a los más grandes y poderosos.
Ocurre cuando el continente está atravesado por tendencias autoritarias, ya no del puño de las dictaduras militares, sino de gobernantes y líderes populistas que esquivan o saltan las normas cultivadas en la región sobre las formas democráticas de hacer política y de dar prioridad al imperio del derecho y a los Derechos Humanos.
Más aún ocurre cuando en otros países de la región personas que son perseguidas por los gobiernos a los que adversan buscan refugio en naciones vecinas o en embajadas, como es el caso de cinco opositores venezolanos actualmente acogidos y a la espera de salvoconductos en la embajada de Argentina en Caracas.
Ecuador justificó la incursión en la embajada argumentando que “conocía de un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la Justicia (Glas)”, según dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, por lo que la fuerza de seguridad actuó para cumplir una orden judicial de captura.
“Ningún delincuente puede ser considerado perseguido político”, dijo Sommerfeld. Recordó que Glas fue condenado por delitos en una trama de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht.
Pero la calificación de quién merece o no asilo, diplomático, en este caso, corresponde al Estado receptor del solicitante y no al país que lo acusa o persigue, de acuerdo con las normas internacionales y regionales que rigen la materia.
México, tras severas críticas y a la vez llamados a la calma de su presidente Andrés Manuel López Obrador, llevará prontamente el caso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
El asalto a la Embajada de México en Ecuador lastima el derecho al asilo y hiere gravemente a la diplomacia internacional.
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