Embargaron por $10 millones a un abogado y a su pareja escribana

Finalmente, el abogado Juan Cruz Albarracín y su pareja escribana, Andrea del Valle Escudero Hernández, fueron procesados por el combo de delitos por los que eran investigados desde hace más de tres años: "Estafa procesal en grado de tentativa", "Falsificación de documento privado", "Falsedad ideológica" y "Tráfico de influencias agravado", en un intento por recuperar casi 19 millones de pesos que la Policía le había secuestrado a una familia investigada por lavado de dinero.

Pero no afrontarán el procesamiento a la espera del juicio oral así nada más: la Justicia Federal también los embargó por 10 millones de pesos.

En su resolución, el juez federal de Villa Mercedes Juan Carlos Nacul ordenó trabar embargo sobre los bienes propios de la pareja por tal suma para "cubrir gastos y costas procesales, por lo que deberán depositar u ofrecer bienes suficientes en caución".

En el caso de no hacerlo, la Justicia procederá a la inhibición general de bienes. Si así fuera, la pareja deberá ser notificada que "en el plazo de cinco días hábiles deberán depositar el monto del embargo ordenado, acompañando la correspondiente boleta al tribunal, u ofrecer bienes para cumplir con el mismo, bajo apercibimiento de comunicar su inhibición general de bienes".

Además, el magistrado les impuso a Escudero Hernández y a Albarracín ciertas pautas de conducta. Entre esas disposiciones están la promesa de los imputados de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación, debiendo presentarse y acatar todo llamado que formule el tribunal; la obligación de presentarse mensualmente en el Juzgado para firmar el libro de asistencia; residir en el domicilio denunciado, debiendo informar cualquier cambio del mismo; y la prohibición de ausentarse del territorio nacional sin la expresa autorización previa de la Justicia.

La investigación contra la pareja de profesionales empezó a raíz de un procedimiento que hizo la Policía de Buena Esperanza el 8 de julio de 2020.

Por entonces regían las restricciones para evitar la propagación del coronavirus, por tal motivo, los efectivos de la Comisaría 19ª requisaron tres camionetas en las que viajaba una familia, por la autopista 55.

Los ocupantes de los vehículos explicaron que volvían del límite de la provincia de Córdoba. Habían ido a comprar un campo, pero la operación no se concretó.

Los agentes revisaron los rodados y les hallaron 18.670.000 pesos, armas de fuego y municiones. Todo fue incautado y la familia fue trasladada a la comisaría.

Albarracín, su abogado, se presentó en la seccional a las 22 para tramitar su liberación.

A partir de ese momento, arrancó una causa penal que, poco después, terminó en la Justicia Federal por considerar que quienes iban en las camionetas eran sospechosos de lavado de activos.

Las averiguaciones de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes determinaron luego que Albarracín les había pedido plata a tres de los integrantes de la familia investigada para pagarles a dos personas de San Luis para ejercer "indebidamente influencia sobre el juez a cargo de la causa (Nacul) y obtener la devolución del dinero incautado”.

De la investigación también surgió que el abogado imputado quiso intervenir en dicha causa porque su pareja había participado en la compraventa del campo y evitar, de esa manera, que Escudero Hernández tuviera problemas por su papel como escribana en esa transacción.

Pero según las pruebas reunidas por el fiscal, la mujer insertó una declaración falsa en la escritura de la venta del campo de La Candelaria. Habría consignado que la operación fue hecha por 4 millones de pesos cuando lo fue por casi 20 millones. También indicó que el vendedor recibió el dinero antes del acto notarial, cuando no fue así, porque la cancelación de la compraventa fue con dinero en efectivo y en presencia de la escribana acusada.

Redacción/MGE