Los vaivenes de la Justicia en Brasil

Un juez del Tribunal Supremo de Brasil anuló las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht utilizadas en las acusaciones y condenas enmarcadas en la operación Lava Jato, incluida la que llevó a prisión al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. En su decisión, que llega en respuesta a una solicitud de la defensa del mandatario, el magistrado José Antonio Dias Toffoli calificó además el encarcelamiento de Lula da Silva de “montaje” y “uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”.

La decisión es un nuevo capítulo en uno de los casos más polémicos y resonantes de la historia reciente de Brasil, que, entre otras consecuencias, le impidió a Lula enfrentar a Bolsonaro y facilitó la llegada del exgeneral al poder.

“Dada la gravedad de las terribles situaciones expuestas en este proceso, sumadas a las muchas otras decisiones emitidas por el STF (Tribunal Supremo de Brasil) y también hechas públicas y notorias, sería posible concluir simplemente que el encarcelamiento del demandante, Luiz Inácio Lula da Silva, podría incluso calificarse como uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”, señaló en su dictamen.

De hecho, continuó, “fue peor”, pues fue “un montaje fruto del proyecto de poder de determinados agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley”.

Lula da Silva permaneció preso 580 días desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019 en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, luego de ser condenado por corrupción y lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro, actual senador por el estado de Paraná.

El proceso estuvo basado en gran medida en pruebas ofrecidas por Odebrecht y la condena contra el actual presidente fue anulada por la Corte Suprema en junio de 2021, por considerar que Moro, quien lideraba la Lava Jato, actuó con parcialidad.

Según Toffoli, la Lava Jato “fue el verdadero huevo de la serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones presagiados en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio STF”.

“Este huevo fue incubado por autoridades que abusaron de sus funciones, actuando en connivencia para atacar instituciones, autoridades, empresas y objetivos específicos”, enfatizó en el dictamen.

Iniciada en 2013, la operación Lava Jato llevó a prisión a decenas de empresarios, sobre todo del sector de construcción civil y proveedores de la petrolera estatal Petrobras, y a numerosos políticos.

Toffoli afirmó en su decisión que “firmaron cientos de acuerdos de clemencia y pactos de culpabilidad como medio ilegítimo para meter en la cárcel a personas inocentes”.

“Estos acuerdos se desmoronan día tras día. Tal connivencia y parcialidad demuestran, a nuestro leal saber y entender, que hubo una verdadera conspiración con el objetivo de colocar a un hombre inocente como autor de delitos que nunca había cometido”, afirmó.

El magistrado también ordenó, a petición de la defensa de Lula, que la Policía Federal divulgue en un plazo de 10 días los mensajes obtenidos en la operación Spoofing (suplantación de identidad), que investigó los ataques de piratas informáticos a los teléfonos móviles del exjuez Moro y de los exfiscales de la Lava Jato.

Pidió, además, que todos los archivos relativos a la operación sean compartidos íntegramente con todos los “investigados y procesados por las pruebas contaminadas”.

El juez determinó también que el 13º Juzgado Federal de Curitiba y el Ministerio Público Federal de Paraná, donde la Lava Jato estaba centralizada, compartan con la defensa del presidente todo el contenido obtenido en el acuerdo de delación premiada de Odebrecht.

Los vaivenes de la Justicia en Brasil, en la búsqueda de la verdad.