En el pueblo lo conocen como Justicia Social

Igual remuneración por igual tarea” es un precepto, incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Su aplicación ha merecido siempre muy poca discusión. Y más allá de su vigencia en general, se hará un análisis específico de los casos que merezcan una observancia particular. De manera que los fervorosos de la legalidad queden conformes.

Los seguidores a ultranza de la oportunidad óptima, nunca estarán satisfechos. Siempre hay que hacerlo antes, nunca es propicia la ocasión. En lugar de analizar el contenido, se pretende objetar el momento. Elegir el momento, contemplar el contexto y las circunstancias es una facultad de quien gobierna. Las crisis suelen forzar algunas decisiones, y hay que tener coraje y templanza para resolver en la instancia propicia. La aplicación de las medidas en tiempo y forma es atributo del buen gobierno. En el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo, el primer mandatario provincial dio a conocer los nuevos aumentos salariales para la administración pública provincial. Será de un 30%, con un piso salarial de $300.000. Abarca al personal administrativo del escalafón general, docentes, fuerzas de seguridad y de la salud. Con un criterio absolutamente coherente y ajustado a las circunstancias, quedan exceptuados todos los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial. Las y los beneficiarios de Inclusión Social, que realizan tareas o prestan servicios en diversas dependencias de la administración pública, y que no pudieron ingresar a la misma por el rechazo a la norma por parte de la oposición, van a percibir a partir del mes de septiembre un beneficio equivalente al salario de la Categoría F, es decir, el piso de $300.000. Con respecto al resto, su beneficio, a partir de septiembre, se incrementará a $150.000 (equivalente al 111% de aumento). Cubriendo, de esta manera, la Canasta Básica de Alimentos que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censo para este mes, en el que ningún trabajador del Estado provincial tendrá un sueldo por debajo de la línea de pobreza. Y se aclaró específicamente: docentes, policías, personal de la salud percibirán un aumento del 30% en su salario, con un piso mínimo de $300.000; y el aumento se hace extensivo a becarios 22 AG y Jóvenes Líderes de la Secretaría de las Juventudes.

Sin entrar en un análisis específico de los números, vale señalar, a modo de ejemplo, que a partir de los haberes de septiembre quienes se encuentran en la Categoría F pasan de $162.000 mil a $300.000, lo que representa un incremento del 85,19%. Estos porcentajes se incrementan notablemente en otras categorías. Queda claro que se superan con creces los actuales índices de inflación. Por otra parte, se señaló claramente que se seguirá auditando mes a mes el comportamiento de las variables, y se tomarán las decisiones que contribuyan a proteger el salario real, y los distintos beneficios que se otorgan en la provincia. 

Algún lector desprevenido, de alguna otra provincia, o del exterior, podría pensar que San Luis está dispuesta a tomar algún crédito o contraer algún tipo de deuda para hacer frente a estos compromisos. No. Jamás. No es necesario, las finanzas provinciales responden con holgura. Y no está en la filosofía del gobierno provincial, ni en sus principios, endeudar a la provincia. “Jamás lo he hecho, ni lo volveré a hacer”, diría un muy buen periodista del medio local, ya fallecido. Se pueden sospechar incumplimientos o paralizaciones de la obra pública. No. Ninguna necesidad. La seriedad y la responsabilidad con que se han manejado las finanzas posibilita afrontar en tiempo y forma los compromisos contraídos, pagar los sueldos todos los meses en fecha, incluso con los incrementos establecidos el viernes.

El resto es desvirtuar el concepto de “reservas”, es sembrar sospechas infundadas, es legislar en contra de los que más lo necesitan. El resto es traicionar a los propios, y, lo que es más grave, a los más humildes, sin ningún escrúpulo y de un modo francamente incalificable.