Bolsonaro puede terminar en la cárcel

Intento de golpe de Estado, corrupción, falsedad y lavado de dinero ilegal son las acusaciones que pesan sobre el expresidente Jair Bolsonaro y podrían llevarlo a la cárcel.

Los indicios que señalan la cárcel como el destino de Bolsonaro crecieron hace unos días, cuando su edecán durante en la presidencia

—del primer día de 2019 al último de 2022—, el teniente coronel Mauro Cid, decidió romper el silencio y reconocer la venta ilegal de un reloj de lujo, marca Rolex, por orientación de Bolsonaro, que lo recibió como regalo del gobierno de Arabia Saudí en 2019.

La legislación brasilera considera patrimonio público los regalos de alto valor y que no sean de uso personal que los gobernantes reciban como representantes del Estado.

Cid está detenido desde el 3 de mayo en Brasilia, por una causa sobre la falsificación de certificados de vacunación contra el coronavirus para su familia y para Bolsonaro, su esposa y su hija menor, todos contrarios a la inmunización.

Cid representa, por ahora, el mayor riesgo para Bolsonaro y los militares, por sus posibles revelaciones y las informaciones grabadas en su teléfono celular, aprehendido por la Policía Federal, que investiga los variados delitos que involucran tanto al exmandatario, como a sus ministros y auxiliares directos, entre los que hay varios generales.

Otro testigo-bomba, relacionado con los intentos golpistas, es el programador de informática Walter Delgatti, quien declaró haber recibido de Bolsonaro misiones para comprobar la posibilidad de fraudes en las urnas electrónicas usadas en las elecciones brasileras.

El expresidente le pidió simular una invasión de las urnas electrónicas, falsear una orden de prisión contra el juez Alexandre de Moraes, del STF, y ayudar a las Fuerzas Armadas a producir un informe para poner en duda la confiabilidad de las elecciones electrónicas, declaró Delgatti ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que trata de los actos golpistas del 8 de enero de 2023.

Siete oficiales que comandaban la Policía Militar del Distrito Federal están detenidos por la Policía Federal, acusados de omisión o facilitación de la invasión de la sede del Congreso, la presidencia de la República y el STF.

La misma acusación también llevó a la cárcel al comisario de la Policía Federal Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro y que había sido designado como secretario de Seguridad Pública de Brasilia el 2 de enero, aunque el día 8 estaba de vacaciones en Miami.

Hay 18 oficiales de las Fuerzas Armadas bajo investigación policial, por sospechas de participación en los distintos delitos que apuntan a Bolsonaro como jefe o beneficiario de las ilegalidades.

El expresidente niega su participación en todos los hechos. Asegura que nunca ordenó la venta de las joyas que le regalaron cuando era presidente y que no recibió ningún centavo de la operación. Niega también cualquier pedido para la falsificación de los certificados de vacunas.

La posibilidad de encarcelamiento a corto plazo es descartada por los juristas en general. Pero puede ocurrir si Bolsonaro comete algún acto que justifique la prisión preventiva, como intento de obstruir la Justicia, presionar testigos o muestras de que puede dejar el país para escapar a las consecuencias judiciales.

Pero era evidente que investigar los actos golpistas del 8 de enero pondría en tela de juicio a Bolsonaro y sus auxiliares, así como también a los militares que participaron activamente en su gobierno. Jair Bolsonaro puede terminar en la cárcel.