Para detener e invertir la desigualdad de género sistémica y persistente, y las prácticas discriminatorias contra las mujeres en África, la Asamblea de la Unión Africana (UA) adoptó el 11 de julio de 2003 en Maputo, la capital de Mozambique, el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en África.
El Protocolo de Maputo fue diseñado de acuerdo con las realidades de la difícil situación de las mujeres en el continente y entró en vigencia dos años después para aportar soluciones que sacaran a las mujeres del aplastante peso de un sistema cultural que las desfavorece desde su nacimiento.
Prometía ser el protocolo más definitorio, innovador y transformador sobre los derechos de las mujeres africanas. Específico en su enfoque, amplio en su alcance y único en su naturaleza global, abarcando cuestiones como el VIH/sida, los derechos de las viudas y el acceso a la herencia de las propiedades de una manera sin precedentes.
Veinte años después, el balance ofrece más logros legales que reales, a juicio de la organización defensora de Derechos Humanos Equality Now (Igualdad Ya).
El cumplimiento del protocolo y la rendición de cuentas al respecto “representan los cambios generacionales a lo largo de dos décadas y apunta a la necesidad de reflexionar sobre las generaciones futuras y poner a prueba en el futuro el Protocolo de Maputo y la coalición de Solidaridad por los Derechos de las Mujeres Africanas”, la Soawr, por su sigla en inglés.
La Soawr reúne más de 80 organizaciones de la sociedad civil, un movimiento panafricano de mujeres que presiona para que sea ratificado el protocolo en los estados que aún no lo han hecho, al tiempo que exige a los gobiernos que rindan cuentas de sus actuaciones en favor de las mujeres de acuerdo con el protocolo.
Los esfuerzos de la Soawr lograron mantener el protocolo en la agenda de los estados miembros de la (UA), lo que ha supuesto una influencia significativa, ya que 44 de los 55 estados africanos ratificaron el Protocolo de Maputo o adhirieron a él.
Este logro convirtió el protocolo en una potente herramienta de educación pública para los derechos de la mujer, tanto a nivel nacional como de base.
Y generó avances sustanciales en la jurisprudencia nacional sobre los derechos de la mujer, así como en la capacitación de las propias mujeres. Gracias a las eficaces campañas de sensibilización pública de la coalición, temas antes tabú como los derechos de salud sexual y reproductiva, la mutilación genital femenina y la poligamia se han convertido en temas abiertos y avanzados en varios países.
El balance también asegura que si los gobiernos y la sociedad civil lo reconocen y lo hacen suyo, el Protocolo de Maputo puede ser un poderoso instrumento para el cambio, ya que ofrece a las mujeres una herramienta para transformar las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que están en el centro de la desigualdad de género y la opresión de la mujer.
Y aunque los derechos de la mujer han avanzado mucho, sobre todo a nivel legal, el informe subraya que aún queda un largo camino por recorrer y hace recomendaciones claves específicas, como la necesidad de abordar el derecho al aborto y tratar cada caso según lo establecido en el protocolo.
Utilizar el Protocolo de Maputo para proteger los derechos de salud reproductiva de mujeres y niñas hará que los estados miembros eliminen las leyes que van en contra de esos derechos de salud reproductiva.
Luego de dos décadas, las mujeres africanas reclaman la implementación universal en todo el continente, del Protocolo de Maputo, porque hasta ahora el ámbito legal no ha llegado al ámbito real.
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