Primer fallo en Tierra del Fuego a favor de un damnificado de crédito UVA

La Justicia de Tierra del Fuego emitió el primer fallo en favor de un damnificado por la toma de créditos UVA durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y le ordenó al banco otorgante del préstamo limitar el valor de la cuota al 35% de los ingresos totales del grupo familiar involucrado, informaron hoy fuentes judiciales.

El caso involucra a Javier Vázquez, un empleado municipal de la ciudad de Río Grande que solicitó un crédito de $ 3 millones para la compra de su vivienda y luego de pagarlo durante 4 años ahora adeuda $ 19 millones, mientras que el valor de la cuota pasó de afectar el 13% de sus ingresos, a representar el 52%.

Vázquez inició un reclamo ante la Justicia al igual que otros 200 fueguinos litigantes por el mismo tema en la jurisdicción, y solicitó una medida cautelar que fue rechazada en primera instancia por el juez civil Pablo Vozzi.

Ahora la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande, integrada por los jueces Francisco Capellotti, Daniel Satini y Luciana Gutiérrez, revirtieron el criterio y ordenaron al Banco de Tierra del Fuego abrir una instancia de negociación en el término de 15 días y evitar que “el pago de la cuota del crédito hipotecario tomado supere el 35% de los ingresos” familiares.

La resolución hizo hincapié en el déficit habitacional y en los tratados de jerarquía constitucional que obligan al Estado a adoptar medidas positivas en defensa de la vivienda familiar.

“Hay un grupo de fueguinos que decidió organizarse y ha promovido demandas grupales o personales ante la Justicia para enfrentar la indexación de este tipo de préstamos. Ellos estaban esperando una medida de protección de este tipo mientras se sustancia el juicio”, explicó a Télam el abogado Cristian Rubio, representante legal de Vázquez y de otras personas en su misma situación.

El letrado detalló que en el caso de los créditos UVA se han producido “circunstancias extraordinarias que modificaron el contrato original y que deben ser renegociadas”, y añadió que “lo que se está pidiendo es una revisión de estos contratos celebrados para la adquisición de vivienda única”.

Télam/MGE