Por las intimaciones, crece la preocupación en el Gobierno

Los pasillos de Terrazas del Portezuelo exponen preocupación, porque el panorama está cada vez más convulsionado frente a las brutales medidas económicas que anunció el gobernador Claudio Poggi, que atentan contra el bolsillo de miles de puntanas y puntanos. Distintos referentes sindicales, sociales, y legisladores siguen de cerca las políticas para tratar de amparar a los trabajadores. En el boca en boca, solo hay un deseo para esta Navidad: que el mandatario desestime las medidas más salvajes de los últimos cuarenta años en la provincia.

Entre las presentaciones, destaca la carta documento que emitieron senadores del bloque Frente de Unidad Justicialista, donde intimaron al Gobernador para el pago de la totalidad de los salarios de la administración pública. En la nota, advirtieron que si no cumple, lo denunciarán por retención indebida de fondos.

El remitente es el senador por Belgrano, Juan Carlos García, y el documento cuenta con las firmas de Hugo Omar Olguín (Chacabuco), Juan Alejandro Torres (Pringles), Sergio Ariel Moreyra (Dupuy) y Mariana Cruz (San Martín).

El impacto de la acción fue contundente y ya se siente en el Gobierno. Los legisladores plantearon la necesidad de que el pago se haga efectivo antes del 31 de diciembre de 2023 y en su totalidad, es decir, absteniéndose de desarrollar operaciones parciales o en cuotas. Todo se ampara en los detalles acreditados en el decreto 11631-MHP-2023.

El rechazo manifiesto se da desde lo humano. Nadie comprende cómo pueden hacer recaer en las mesas de las familias sanluiseñas el dolor del desdoblamiento salarial. Pero fundamentalmente, la repercusión se da en los datos. De acuerdo a informes públicos del gobierno saliente, las arcas estatales quedaron con un saldo positivo, de 30 millones de dólares, que conforman una canasta de reservas con diversas inversiones. Dicho de otro modo, la plata está.

De la misma manera, el bloque Justicialista de la Cámara de Diputados emitió una intimación. También buscan que los haberes se materialicen en su totalidad y antes del 31 de diciembre. Al igual, plantean que el primer mandatario podrá ser denunciado por el delito de retención indebida de fondos. La presidenta del bloque, Claudia Pinelli, había explicitado que hasta el 30 de noviembre, San Luis contaba con reservas en moneda argentina por un monto de $60.093.962.725,13, que sumado a la reserva en moneda extranjera de $25.871.496.454,75, daba un total de $85.965.459.179,88 (reservas brutas). Mientras que el total de las cuentas corrientes, las órdenes de pago de 2023, AFIP previsional y estampillas daba $53.791.346.282,91, lo que genera un monto de reservas y con eso se estiman $57.270.027.574,96 de ingresos para diciembre.

Así, con el dinero que tenía la Provincia en diciembre, alcanzaba para pagar los sueldos de los empleados públicos. Y más si se tiene en cuenta la devolución financiera de dos obras públicas por 9 mil millones de pesos.

Incluso con todos los números en regla, Poggi emitió un decreto para el llamado a sesiones extraordinarias en la Legislatura, con el objetivo de tratar la ley impositiva (Ver Página 6) y la autorización de un empréstito por parte del gobierno provincial con organismos nacionales o internacionales para asegurar el funcionamiento del Estado el próximo año. En definitiva, quiere tomar un préstamo para gastos corrientes.

Acciones gremiales

Los gremios rechazan de manera rotunda las medidas salariales de Poggi y piden aumentos. La Mesa Intersindical Estatal (APTS, SIEP, UPCN, ATE, UTEP, ASDE, UDA, APEL Y Sijupu) presentó recientemente una nota al Gobernador en la que le solicitan de manera urgente un encuentro para abordar las medidas que afectarán los salarios y los derechos adquiridos de los trabajadores estatales.

Todos coinciden en que la devaluación de entre el 30% y el 40% que atraviesan empleados estatales se agrava con las recientes disposiciones, ya que se ven obligados a tomar decisiones angustiantes con el pago de alquileres, servicios e impuestos, para subsistir.

Los sindicales remarcan que las normas vigentes no aceptan la chance de posponer el pago de la remuneración ni imponer su pago en cuotas, ya que afecta el principio de intangibilidad de los salarios.

“Rechazamos las acciones, fuimos de los primeros en hacerlo e incluso nos pusimos en estado de asamblea permanente, rechazando el desdoblamiento salarial. También esta cuestión de dar por finalizado el 'Tratado de La Toma', que significa empujar a la indigencia a los trabajadores municipales de la provincia”, expresó el secretario general de ATE, Fernando Gatica, en diálogo con El Diario de la República. Definirán acciones si Poggi no los recibe.

Entre los repudios, también está el defensor del pueblo, Enrique Ponce, quien dijo que los más vulnerables están amenazados. “El salario es una condición que repercute de manera directa y tangible en la vida cotidiana de los trabajadores”, reflexionó.