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La importancia de los procedimientos electorales

Por redacción
| 26 de noviembre de 2023

La segunda vuelta electoral en la Argentina se desarrolló en un marco de absoluta normalidad. No hubo denuncias importantes a considerar. Ni faltaron boletas, ni fueron necesarias intervenciones destacables de las autoridades en cada uno de los espacios de votación. Se desvanecieron absolutamente todas las agorerías. Agorerías que fueron debidamente atendidas por la Justicia Electoral que convocó previamente a los ligeros denunciantes y los instó a denunciar lo que consideraran denunciable, o en su defecto a deponer la actitud amenazante con la que pretendían desvirtuar la legalidad de los comicios. Optaron por la segunda opción, reconociendo la precariedad de sus argumentos para sostener tan temerarias afirmaciones acerca del sistema electoral vigente.

 

Es interesante analizar el argumento de algunos para justificar la normalidad imperante: “Lo que pasa que fiscalizamos correctamente y del modo apropiado”. ¿Qué otra cosa cabe esperar que hagan las fuerzas políticas intervinientes en una segunda vuelta? Fiscalizar los comicios es una potestad de cada sector interviniente. En rigor, es además una obligación hacerlo. No cabe otra actitud frente a los ciudadanos. Es en defensa de sus propios intereses. No se comprende tanto esmero en destacar lo que debiera ser habitual y rutinario.

 

Lo cierto es que todo circuló por los carriles normales. No ganó el oficialismo, con lo cual el sistema se prestigia toda vez que demuestra su capacidad para tolerar la alternancia y permitir el triunfo de la fuerza política que obtenga mayor cantidad de sufragios. Sin que para ello deban realizarse actos heroicos o se generen situaciones anormales o no deseadas. Antes de la hora prevista, quienes fueron derrotados reconocieron esta situación y la población pudo contemplar con serenidad el normal desenvolvimiento de los hechos. Esto debería ser normal en todos los países civilizados del mundo. Sin embargo, no siempre sucede. Otras naciones, que a la hora de las presentaciones se muestran como muy democráticas, vivieron momentos muy difíciles y debieron soportar fuertes presiones al momento de encumbrar a los candidatos ganadores. Sirvan de ejemplo los Estados Unidos y Brasil, con disturbios y desmanes por demás conocidos y reprochables. La democracia en Argentina, con todas las falencias que se le pretenden achacar, ha resultado mucho más segura y eficiente a la hora de renovar al presidente de la República. Por lo menos, mucho menos amenazante para el normal desenvolvimiento de los hechos.

 

Los primeros discursos posteriores a la elección fueron llamativos en cuanto a lo que pueda resultar de la nueva gestión. Lejos de algunas pretensiones incomprensibles que pudieron apreciarse incluso en el ámbito local, el candidato electo dejó expresamente claro que su responsabilidad comenzaba el 10 de diciembre y no aspiraba a acortar esos plazos, ni a realizar acto alguno que implicara vulnerar los plazos previstos. Esto debería ser lo usual. Sin embargo, algunas intenciones en contrario obligan a destacar la actitud. Es tan cierta esta consigna que los propios documentos que acreditan el triunfo y el nuevo cargo dejan bien en claro el inicio del mandato. Antes de esa fecha, 10 de diciembre, cada cual debe cumplir con sus obligaciones y con su responsabilidad, como lo mandan la Constitución y las leyes.

 

Sin duda, que todo el proceso electoral haya transcurrido con normalidad es un hecho por demás auspicioso y debe ser considerado un logro de la democracia argentina. Es cierto que en muchos otros rubros hay deudas y muchas cuestiones que no han alcanzado el nivel esperado. Hay muchas dificultades que no han sido superadas y muchos problemas de los cuales no cabe desentenderse. Pero en el terreno electoral, en lo que hace a la posibilidad de renovar autoridades según lo previsto y a garantizar la limpieza y la transparencia en los procedimientos electorales, se ha logrado una consolidación importante. Y esto no es menor a la hora de juzgar la legalidad y la legitimidad de los representantes elegidos por la ciudadanía.

 

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