La decisión de la Justicia británica, que detuvo los planes del gobierno para enviar a Ruanda a miles de solicitantes de asilo, fue celebrada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
“Celebramos la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que determina que la propuesta para trasladar a solicitantes de asilo a Ruanda bajo la Alianza para el Desarrollo Económico y Migratorio infringiría el derecho internacional y la legislación británica”, indicó la agencia en una breve declaración.
Esa alianza fue un pacto firmado por los gobiernos británico y ruandés, el 14 de abril de 2022, para que el país africano reciba a solicitantes de asilo que, según Londres, llegan a su territorio de manera ilegal, mientras procesa las solicitudes.
Se estableció que el Reino Unido entregaría a Ruanda 155 millones de dólares a cambio de que acepte acoger a los deportados, quienes deberían recibir apoyo para su alojamiento, atención médica, capacitación e integración.
El trato fue negociado con el presidente ruandés Paul Kagame por el exprimer ministro británico Boris Johnson (2019-2022), y sostenido por su sucesor Rishi Sunak, bajo la presión del ala derecha del gobernante Partido Conservador para frenar la inmigración considerada ilegal.
La Corte Suprema de Justicia del Reino Unido avaló el 15 de noviembre el fallo de tribunales inferiores, según el cual no hay suficientes garantías de que Ruanda pueda asegurar los derechos de los migrantes al tramitar su solicitud de asilo y evitar su devolución a su país de origen, aunque eso pueda ocurrir en un futuro.
Por su parte, AI dijo que “esta sentencia es vital para proteger a las personas que buscan asilo en este país. El gobierno debe ahora trazar una línea bajo un capítulo vergonzoso de la historia política del Reino Unido”.
“El acuerdo con Ruanda, un país con un historial de graves violaciones de Derechos Humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y represión de la libertad de expresión, fue tremendamente mal concebido y cruel”, sostuvo AI.
Para los activistas, “ha llegado el momento de que el gobierno no solo abandone la idea de llegar a un acuerdo con Ruanda, sino de que deseche la política subyacente de negarse a procesar las solicitudes de asilo de las personas”.
Sin embargo, Sunak anunció que impulsará una legislación de emergencia para que Ruanda sea reconocido por el Parlamento como “un país seguro”, al que puedan enviarse potenciales refugiados.
En una rueda de prensa, Sunak dijo que hará “lo que sea necesario para impedir que tribunales extranjeros —como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— bloqueen decisiones tomadas en el Reino Unido”.
En abril de 2022, ese tribunal europeo con sede en Estrasburgo (Francia) detuvo el despegue del primer vuelo británico a Kigali con inmigrantes.
“Si el tribunal de Estrasburgo decide intervenir en contra de los deseos expresados por el Parlamento, estoy dispuesto a hacer lo necesario para que esos vuelos despeguen”, afirmó Suniak, en alusión a la posibilidad de retirarse de la Convención Europea de los Derechos Humanos.
La agencia expuso su preocupación por la “externalización” de las obligaciones de asilo y los graves riesgos que plantea para las personas refugiadas.
La agencia de la ONU reconoció “los desafíos que suponen las llegadas irregulares a través del Canal de la Mancha (que separa Gran Bretaña de Europa continental)”, pero aboga por alternativas a las deportaciones hacia Ruanda, “incluyendo la cooperación con los vecinos europeos”.
Los países de los que proceden más solicitantes de asilo son Albania, Afganistán, Irán, Iraq, Siria, Eritrea (y la mayoría de ellos arribó en botes cruzando el Canal), India, Bangladesh, Sudán y Pakistán.
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