La propuesta de enmienda constitucional (PEC) que establece el estado de emergencia en Brasil hasta fines de 2022 fue aprobada con 72 votos en el Senado y solo uno en contra, ahora solo depende de su ratificación en la Cámara de Diputados, durante la semana, lo que es considerado un mero trámite.
Pero muchos juristas consideran inconstitucional esa enmienda, al crear una emergencia artificial y destructora del régimen fiscal y electoral, que el país construyó en las cuatro últimas décadas. Contribuye, por ende, al deterioro de la democracia.
La medida es una forma de eludir las leyes electorales y de responsabilidad fiscal, abriendo paso a la concesión de beneficios sociales que el gobierno no podría asignar desde el inicio del año hasta la conclusión de las dos vueltas comiciales, el 30 de octubre.
Parece un golpe maestro. Un proyecto con respaldo prácticamente unánime en el Poder Legislativo del Congreso Nacional brasilero, incluso de la oposición, le permitirá al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro transferir dinero a millones de brasileros, con lo que busca revertir la derrota electoral que le auguran los sondeos en octubre.
Los opositores justificaron sus votos a favor alegando que los pobres necesitan esa ayuda con urgencia para mitigar el hambre agravado por la pandemia y la inflación. No podrían oponerse a medidas que siempre reclamaron, es decir quedaron enredados en la trampa.
El estado de emergencia suspende algunas limitaciones impuestas al gobierno, como el llamado “techo de gastos”, instituido por otra enmienda constitucional de 2016, que prohíbe aumentar los gastos gubernamentales por encima del índice oficial de inflación.
La PEC define los nuevos gastos destinados a las familias muy pobres: aumento mensual del Auxilio Brasil (antigua Bolsa Familia) de 400 a 600 reales (75 a 112,50 dólares) y un vale-gas equivalente al costo de una garrafa para cocinar cada bimestre, lo que dobla el valor del subsidio concedido hasta ahora.
Además estima añadir 1,6 millón de familias a los 18 millones que ya reciben el Auxilio Brasil.
La iniciativa beneficia también a cerca de 900.000 camioneros autónomos, con una ayuda de 1.000 reales (188 dólares) mensuales hasta diciembre, y a los gobiernos de estados y municipios que subsidian el transporte público, taxistas y productores de etanol.
Los beneficios previstos suman 41.200 millones de reales, equivalentes a 7.800 millones de dólares.
La elevación de los precios petroleros, agravado por la invasión de Rusia a Ucrania, justifica la emergencia y los beneficios, según la propuesta presentada en febrero por el Senador Carlos Fávaro, del centrista Partido Social Democrático (PSD).
El ministro de Economía, Paulo Guedes, la rechazó inicialmente e incluso la apodó de “kamikaze”, por considerarla un riesgo para la economía al violar la responsabilidad fiscal normada por una ley vigente desde 2000. Pero después cambió de opinión o aceptó las exigencias electorales del presidente.
“La mejor denominación de la PEC es la desesperación, como la llamó el diario O Estado de San Pablo”, sostuvo el sociólogo Elimar Nascimento, profesor de posgrado en la Universidad de Brasilia.
Bolsonaro decidió jugar esa última carta en los tres meses que le quedan para reducir los cerca de 15 puntos porcentuales que le aventaja el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en las encuestas.
La ventaja persiste con altibajos desde el año pasado y puede asegurarle a Lula el triunfo incluso en la primera vuelta el 2 de octubre.
Los daños al orden jurídico y a la economía serán graves, según la mayoría de los analistas. Bolsonaro resiste con el populismo. Las urnas darán el veredicto final.
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