El Partido Justicialista mendocino se convirtió en querellante en la causa que investiga los subsidios que el gobierno de la vecina provincia, que encabeza Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, iba a entregar a la fundación Acción Social, que preside el exsenador provincial y pastor Héctor Bonarrico, aliado al oficialismo local.
Según detallaron fuentes del PJ local, el Consejo Partidario peronista le dio orden a su apoderado, el abogado Carlos Blanco, para que "forme parte activa de la causa e intente acelerar la investigación".
El caso comenzó cuando el gobernador Suárez, Bonarrico, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez y Tadeo García Zalazar (intendente radical de Godoy Cruz) fueron denunciados por la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, en su carácter de funcionarios públicos. También es investigado Eduardo Erario, tesorero de la fundación.
La denuncia judicial fue presentada el mes pasado por la presidenta del PJ de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, en el llamado "caso Bonarrico", en referencia al pastor y exsenador provincial del partido MasFe.
El exlegislador sostuvo públicamente que acordó con el gobierno provincial la entrega a su fundación de 18 millones de pesos para que se bajara de una candidatura en las últimas elecciones.
Tras sus dichos y el escándalo que causaron, el convenio fue dejado sin efecto. De todos modos, la Justicia sigue adelante con la investigación.
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