Caso Morales: "Los policías incumplieron con su deber"

Mientras la investigación por la muerte de Florencia Magalí Morales continúa, Andrea, una de las hermanas de la mujer que fue encontrada muerta en una celda de la Comisaría 25ª de Santa Rosa del Conlara, se contactó con la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que, entre otras, ha seguido muy de cerca las causas por la desaparición de Santiago Maldonado y la llamada “Masacre de San Miguel del Monte”. Y para Ismael Jalil, uno de los abogados de la organización, si bien las averiguaciones para saber qué fue lo que realmente sucedió con Magalí abren un abanico de posibilidades e hipótesis, está seguro de que, mínimamente, los policías que el domingo 5 de abril aprehendieron a la mujer por violar la cuarentena y la encerraron, no solo incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos, sino que también encubrieron lo que en verdad ocurrió.

Si bien, en lo formal, la representación técnica de los Morales está en manos de los abogados Santiago Calderón Salomón y Federico Putelli, Jalil prometió que la organización en la que milita, que pone el ojo en denuncias por "gatillo fácil" y abuso policial, va a estar "muy encima de la causa" de Magalí y a disposición de la familia, a la que, de alguna manera, también asistirá.

Jalil aclaró que no conoce los detalles del expediente, pero sí ha hablado con el juez Jorge Pinto, quien lleva adelante la investigación, y con su secretario. Y refirió que a ninguno de los dos los notó convencidos de la versión policial, aquella que indica que la mujer se quitó la vida.

"Mi impresión es que hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero el encubrimiento es aún mayor. Desde ya que hay falsedad ideológica en todo lo que está escrito (por los policías), porque hay muchas cuestiones que están muy dudosas", opinó.

Para el miembro de la Correpi, lo que los efectivos pueden estar encubriendo o falseando puede ir “desde un deterioro moral y emocional que le provocaron a Magalí en las ilegales condiciones de detención en las que estaba, que la condujeron a la muerte, hasta un homicidio”.

Según el letrado, “para empezar, ella ni siquiera debió estar detenida”. Eso fue algo que hasta el mismo juez le expresó, dijo Jalil.

La violación de alguna de las medidas de aislamiento social implica, cuando mucho, una demora en una dependencia policial y el inicio de una causa en el Juzgado Contravencional y Correccional. A Magalí, en cambio, la metieron en un calabozo, remarcó el abogado.

Para el abogado, la hipótesis del suicidio es la última a considerarse en casos como este. 

 

"Pero, además, cuando la Policía encierra en una celda a una persona, esta debe ser desprendida de cordones, cinturones y todo aquello con lo que pueda hacerse daño", consideró. Eso no ocurrió con la mujer. "¿Qué pasó que después entró el buzo, en el cual había un cordón, con el que dicen que se suicidó?", cuestionó. Ese detalle, a su modo de ver, también debe ser investigado a fondo, del mismo modo que los horarios en los que los efectivos se comunicaron con la familia Morales para informarle de su muerte.

Jalil ni siquiera está convencido de que la mujer haya sido detenida por no cumplir con la cuarentena. Es más, considera un absurdo que los uniformados hayan dicho que se resistió a la autoridad y que argumenten eso "con un rasguño en la mano” que Magalí le habría hecho a uno de ellos.

Los celulares

"Ella no salió a pasear. Pudo haber salido a hacer una compra o un trámite. Y en ninguno de los casos existía motivo para detenerla", opinó el abogado. Para él no es descabellado pensar que ese domingo Magalí tal vez fue a la comisaría por su propia cuenta, ya sea a hacer un trámite o porque tenía vínculo con alguien de la dependencia, dijo el miembro de la Correpi. La familia ha referido que un efectivo, Javier Sosa, era conocido de la familia, aunque ese día no habría estado de guardia.

Por ello, el letrado considera conveniente que la Justicia investigue los teléfonos de los policías que ese día estuvieron en la seccional. Por disposición del juez Pinto, los celulares ya fueron secuestrados.

La autopsia y los estudios a los órganos

Otra cosa que le resulta vital es ahondar en la necropsia. "La autopsia así como está solo dice que hubo una asfixia mecánica. Una asfixia de ese tipo puede ser provocada por una soga en el cuello, pero también por una almohada que tapa la cara", explicó Jalil.

Sería importante, a su modo de ver, que los peritos profundicen en el estudio de los órganos, ya que pueden "dar data de alguna ingestión de alcohol, droga, medicación o cualquier otra cosa que pueda revelar que acá hay algo más", subrayó.

Para Jalil, no hay dudas. La hipótesis del suicidio en casos como este, en el que una persona aparece muerta en la celda de una comisaría, deber ser la última a considerar. "Creo que hay que empezar a mirar por el lado de las personas que son responsables de quienes están ahí dentro. Porque los efectivos son responsables de aquellos a quienes tienen detenidos, ni que se diga de alguien a quien tenían en condiciones ilegales", dijo.

El solo hecho de que el personal de la seccional de Santa Rosa del Conlara haya caratulado el sumario como "Averiguación suicidio" y el juez lo haya hecho como "Averiguación causales de muerte" deja entrever, de alguna manera, que no es el único que descree de los policías, expresó Jalil.