El derecho de migrar

Según los últimos datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “desde el comienzo de los combates en la región de Tigray, en el norte de Etiopía, a principios de noviembre, más de 43.000 refugiados han cruzado la frontera con Sudán buscando protección y albergue”.

En este país los enfrentamientos entre el ejército federal y las tropas afines al Frente de Liberación Popular (el partido que gobierna la zona en conflicto) están generando una nueva crisis humanitaria, obligando a las personas a desplazarse hacia otros países.

Mucho más cerca, en Centroamérica, la misma Agencia advierte que para finales de este año más de 1 millón de personas habrán migrado de la región hacia otros países, por la constante violencia que ejercen las pandillas y por la crisis sociopolítica en Nicaragua, que obligó a cientos de miles a huir desde 2018.    

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en su Artículo 13°, el derecho de toda persona a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. Sin embargo, las migraciones y los movimientos de personas en la mayoría de los casos no tienen que ver con una decisión completamente libre.

En términos generales lo que ocurre en estos casos —como en tantos otros— es que los derechos de muchas personas en movilidad son vulnerados en el país de origen (sumidos en conflictos armados, crisis económicas, políticas o sociales profundas) y eso determina su decisión de huir. Pero los derechos también son vulnerados en el tránsito hacia un nuevo país: las políticas migratorias restrictivas han aumentado el número de muertes en el trayecto, así como los delitos de los que son víctimas las personas migrantes (como la trata o la explotación). Las personas migrantes también son víctimas de la xenofobia, creciente entre los gobiernos y poblaciones del mundo. En el país de destino, los derechos tampoco son respetados: aun cuando los migrantes logren llegar, en la práctica difícilmente puedan ejercer los derechos que ejerce cualquier residente. Los centros de detención para migrantes siguen funcionando y en definitiva siguen privando de manera ilegal a las personas de su libertad.

La libertad de migrar, entonces, no es tan libre. ¿Por qué aun así las personas continúan haciéndolo? En la mayoría de los casos, porque la alternativa de quedarse es mucho peor.

Entender eso es fundamental para entender estos movimientos y para trabajar en conjunto en generar unas condiciones en las que el derecho a migrar sea realmente un derecho y no la única salida.