Habría irregularidades en algunos contratos de la gestión de Merlo

El Tribunal de Contralor evaluó la documentación que presentó la nueva Intendencia para determinar presuntas irregularidades en 60 contratos que fueron firmados durante la última gestión de Mario Raúl Merlo. Los integrantes del organismo señalaron que, si bien notaron anomalías en algunos expedientes, no les corresponde determinar si están en regla o no. Por ese motivo sugirieron que la Comuna eleve el informe a la Justicia.

Ayer, Ricardo Bazla y Silvia Palacios (dos de los integrantes de la entidad) dieron una conferencia de prensa para anunciar su veredicto, tras hacer un diagnóstico de la información que les proporcionó la Comisión Revisora, creada por la Municipalidad.

Si bien consideraron que el expediente es un "acto preparatorio de una eventual decisión administrativa definitiva", y que no están "habilitados para expresar la legalidad o no de los actos", remarcaron que encontraron algunas falencias. Una de ellas es que la mitad de los 60 contratos fueron firmados entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre. Esto indicaría que los involucrados no cumplirían con el período de los 6 meses y 30 días que considera el Estatuto del empleado municipal, para pertenecer a la institución. Sin embargo, Bazla presumió que el resto "no se verá perjudicado porque ya han superado ese lapso".

A su vez remarcó que en los acuerdos no especifican si los empleados y/o funcionarios quedaron efectivos o contratados. "Los decretos solo dicen 'determine el paso de planta', y entendemos 'planta' como un ficus. Es decir, no está determinado si es permanente o no”, ironizó.

También mencionó que la totalidad de los trabajadores quedaron registrados en la categoría más baja del escalafón salarial. "Todos los que cuentan con un título cuentan con la número 21, y los que no, la 12", indicó.

Además, recalcaron que al momento de efectuar las contrataciones, la gestión anterior no cumplió con parte del Estatuto. "En estas designaciones no se han tenido en cuenta los artículos 7 y 11 del convenio de trabajo. Estos establecen que antes de quedar efectivos los aspirantes deben pasar por la Junta de Promociones y Ascensos. Este organismo es el que establece la manera en que tomarán al personal: por mérito, concurso y el resto de las condiciones que deben cumplir todos los aspirantes. Vemos que aquí no ha ocurrido eso", manifestó Palacios y sostuvo que "no respetaron la igualdad de oportunidades".

Por otro lado, el titular del Tribunal señaló: "En este dictamen de 15 páginas, cumplimos con nuestra función de advertir qué puede ocurrir si los contratos quedan sin efecto, del mismo modo que hemos dicho que la ley le permite al señor intendente dejarlos o confirmarlos", agregó.

En cuanto a la recomendación de elevar la documentación a la Justicia, Bazla sostuvo: "Pueden hacerlo a través de una acción declarativa de certeza —contemplada en el artículo 322 del Código Civil de la Provincia— a fin de que sean los jueces quienes definan el planteo que hace la Comisión Revisora".