Le quitan la patria potestad a femicidas y abusadores

Los asesinos de sus cónyuges o quienes hayan cometido un delito de lesiones o de índole sexual agravado por el vínculo, aún en grado de tentativa, serán privados de la responsabilidad parental, de acuerdo a la ley que fue aprobada ayer por el Senado de la Nación.
Según la norma que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, cualquiera de los progenitores queda privado de la patria potestad por ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género en contra del otro progenitor. También se les quitará a los que hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual cometidos contra alguno de los hijos.
Están incluidos los progenitores cómplices, instigadores o autores de los delitos de lesiones contra el otro progenitor, o contra los hijos.
En la actualidad, el padre o madre de los menores y autor del asesinato no es privado de su patria potestad, pudiendo ser la guardia definida de ellos.
El proyecto había sido aprobada por el Senado en 2015 y modificada en Diputados a fines de abril.
Uno de los fundamentos de la norma, redactada por los peronistas Juan Manuel Abal Medina y Marina Riofrío, destaca que se intenta "evitar exponer a los menores a procesos de revictimización que no hacen más que vulnerar sus derechos humanos fundamentales, de indispensable cumplimiento para asegurar el desarrollo pleno e integral de la infancia".

Protección de víctimas
El Senado tuvo un intenso debate ayer, cargado de proyectos. Entre ellos aprobó, por unanimidad con 58 votos a favor, la revisión del proyecto de ley de protección de derechos y garantías para las víctimas de delitos, que fue devuelto a Diputados con cambios en el articulado.
Las modificaciones al texto incluyen una reestructuración del Ministerio Público de la Defensa para dotarlo de una red de defensores públicos para hacer efectivo el derecho de los afectados y/o sus familiares a tener el patrocinio de un letrado en procesos judiciales.
"Con esto no está todo resuelto pero sin dudas es un avance importantísimo", dijo la senadora puntana Liliana Negre de Alonso. "No hemos logrado que el defensor público de las víctimas (figura creada con esta Ley) actúe de oficio. Al delincuente o al imputado, apenas lo detienen tiene inmediatamente un abogado. Pero la víctima o la familia de la víctima tiene que empezar a resolver su tragedia para empezar a darse cuenta y pensar qué puede hacer, y comienza el recorrido de tribunales, mostradores, reciben maltrato o negativa de información". 
"Por eso creemos que el Estado tiene que ir en busca de la víctima y no que la víctima tenga que salir a golpear puertas”, aseguró.
Negre de Alonso recalcó que "la víctima tiene que tener los mismos derechos que tiene el imputado dentro del proceso".