Caso Abel Ortiz: un fiscal pidió seis detenciones

El primer aniversario de la desaparición de Abel Ortiz llegó con la posible concreción de algo que los familiares del hombre de 31 años solicitaron desde un primer momento y se encargaron de reproducir con carteles y mensajes al megáfono en, al menos, quince movilizaciones por calles céntricas y frente a los tribunales de Villa Mercedes. Llegó con el pedido del fiscal Néstor Lucero de detener a la ex de Abel, Alejandra Espinosa, a su presunto amante, el comisario Marcelo Cecilio Acevedo, a sus amigas, las oficiales de Policía María Vázquez y Marcela Rodríguez y al padre de su hija, Ceferino Edgar Villegas. Todos sospechados de formar una agrupación, una asociación ilícita que con un entramado de mentiras orquestadas se ocuparon de desviar la investigación y, presuntamente, de hacer desaparecer a Ortiz.

Puesto que la sola figura de la "Asociación ilícita" se constituye como un delito mucho más grave que los que atiende el Juzgado Contravencional y Correccional, a cargo de Santiago Ortiz, porque supera la pena máxima de cuatro años, el fiscal también entendió que la causa excede ampliamente la competencia de ese juzgado, que corresponde su apartamiento y su consiguiente e inmediato reenvío al juez penal de turno.

Es por eso que desde anteayer, pasadas las 13, la causa está a cargo del juez de Instrucción Penal N° 2, Leandro Estrada.

Sospecha de "una red de mentiras"

Lucero plasmó los fundamentos de su solicitud en 26 páginas. Se las giró al despacho del juez Ortiz el lunes, a las 10:05, antes de asistir a una inspección prevista para un juicio por homicidio que tiene en la Cámara Penal N° 1. El fiscal comienza haciendo una breve reseña de las últimas horas en que Abel fue visto. Recapitula que el 16 de setiembre de 2014, luego de comunicarse por teléfono con Espinosa, la mujer lo pasó a buscar, entre las 20:30 y las 21, a “el triángulo” de La Ribera, un diminuto sector de pasto ubicado en un cruce de calles. “De allí van hacia el barrio Jardín del Sur, al domicilio de Echegaray (…) La visita era a los efectos de realizar una transacción inmobiliaria, ya que el hombre tenía una casa en venta”, manifiesta el libelo.

Según el cálculo de tiempo que hizo Echegaray, Ortiz y su ex se fueron de su domicilio después de las 22. Espinosa, dice Lucero, manifestó que condujo hasta Lisandro de la Torre y Guayaquil, en esa esquina dejó a Abel y luego se fue hasta su vivienda.

A entender del fiscal, esa última parte de la historia, la relatada por la mujer, hasta ahora no pudo ser corroborada y es "absolutamente mendaz". Espinosa dijo que “lo dejó ahí porque Ortiz debía asistir a un velorio del padre de unos amigos (…) Pero esos amigos también declararon en la causa y dijeron que el velorio sucedió con anterioridad y negaron haberlo visto (a “Pochi”) en él y con posterioridad, a pesar de vivir a una cuadra de donde Espinosa dice que lo dejó la noche de la desaparición”.

A partir de allí, razona Lucero, se suscitan una serie “de contradicciones que tienen que ver con la llegada de Espinosa a su domicilio la noche del 16 de setiembre y madrugada del 17 de setiembre de 2014”, cuando supuestamente tenía planeado “una noche de pizzas” con sus amigas.

Las incongruencias se dieron entre los testimonios de dos amigas de la peluquera, María Vázquez y Nancy Calderón. La primera sostuvo que esa noche la ex de Abel llegó a su casa antes de la una de la mañana, pero según la otra mujer no fue así, sino después. “También llama la atención esa invitación a cenar que le hace Vásquez a Calderón en el domicilio de Espinosa, en un horario inusual, en un día de semana y de manera sorpresiva”, manifiesta el escrito.

El fiscal repasa que la madrugada del 17 de setiembre en cuestión hubo un fuerte intercambio de llamadas entre el teléfono fijo de la peluquera y el celular del padre de su hija, Ceferino Villegas, y desde el teléfono de Vásquez a la oficial Marcela Rodríguez.

“Es Villegas una pieza importante en la vida de Espinosa. Todos referencian que el vínculo que los une va más allá de ser padres y que, conforme lo que dice el mismo Villegas, es un auxilio y un sostén para ella cuando lo necesita”, resalta Lucero. Esa incondicionalidad con su ex “llama la atención dado que también pretende darle a ella una cobertura respecto de la desaparición de Abel”, confundiendo fechas y negando las comunicaciones telefónicas del 17.

Lucero también recalca la            inusual reacción como policía de la oficial Julieta Amaya, quien estaba de guardia la mañana del 21 de setiembre en la Comisaría 29ª, y que en cuanto vio la solicitud de paradero, que el cuñado de Abel había asentado el día anterior, de inmediato intentó comunicarse con la ex del desaparecido.

En el medio de ese presunto entramado de falsedades y contradicciones está el ex jefe de la Comisaría 9ª, Marcelo Acevedo, con quien la peluquera “mantiene un muy fluido contacto de tipo personal”.

De varios efectivos de esa seccional se desprendió que el comisario tenía un especial interés por el caso. En una ocasión, aún cuando la causa no era de su jurisdicción, llamó a un policía de Brigada de Investigaciones y le dijo: "Fíjese que se evalúe otra línea investigativa".

De otro testimonio surgió que una vez Acevedo le había encomendado al inspector Mariano Mora la recolección de pruebas que, a la vista de cualquiera, serían truchas. Todo, comprende el fiscal, para desviar el eje de la investigación de la ex de Ortiz y todo su entorno. Otro policía declaró: "Me cansé de decirle a Acevedo y a los compañeros que tuvieran mucho cuidado con ella (Espinosa), que era peligrosa, que no sabía dónde se estaba metiendo". Lucero mencionó ese testimonio dado la extrema cercanía de la mujer con algunos efectivos, con quienes compartió numerosos asados hasta que Abel de-sapareció.

Esa atípica relación de ella con Acevedo la llevó a tener un trato preferencial. Entraba y salía del despacho del comisario como si nada. Ese uniformado opinó: "Yo creo que Acevedo sabía de la desaparición. A Espinosa le decían cómo iba el sumario de averiguación de paradero. En vista de todo eso, ahora sí creo que hubo un soporte policial".

Lucero finaliza el documento diciendo que lo que le sucedió al hombre de 31 años es un caso de "privación ilegítima de la libertad".