La verdad tarda, pero a veces llega

A veces la verdad demora demasiado, pero al final sale a la luz. Semanas atrás, cuando puso en funciones al nuevo jefe de Policía, el gobernador Alberto Rodríguez Saá hizo pública su preocupación por el hecho de que muchos hombres de la fuerza “sienten que son una corporación que puede actuar sin el control del Estado y al margen de la Ley”.

No es algo nuevo. Siempre ha habido dentro de la Policía hombres que piensan y actúan así. Y si bien hay muchos casos que nunca se aclaran ni salen a la luz, hay algunos que son inocultables, aun para los oficiales jefes de la fuerza que, vaya a saber por qué razón, suelen preferir poner un manto sobre ellos.

El que no pudieron ocultar en su momento fue el de Pablo Sosa, a quien echaron de la Policía por innegables vinculaciones con delincuentes. Como a la par de la exoneración no hubo una investigación en la Justicia Penal, Sosa decía a quien quisiera escucharlo que lo habían echado “injustamente”. Y se ufanaba de que le habían hecho un bien, porque ahora se dedicaba a negocios –lícitos, según él– que le dejaban más ingresos que el trabajo en la Policía.

Lo de los negocios era cierto. Pero parece que no eran tan legales como sostenía. La Policía Federal lo detuvo el 17 de diciembre junto a otras cuatro personas, luego de ocho allanamientos ordenados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado –la viuda del fiscal Alberto Nisman–.

¿La acusación? Integrar una red que robaba automotores y les falsificaba la documentación nueva. El mismo tipo de delitos por el que lo habían acusado hace más de diez años, cuando todavía estaba en la Policía.