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A pedido de un fiscal, una jueza investigará las cuentas de Ponce

Por redacción
| 03 de agosto de 2014
Virgina Palacios. Será la encargada de hacer la investigación.

Un fiscal y una jueza se encargaron de evitar que las irregularidades en las cuentas de 2013 de la Municipalidad de San Luis queden en el olvido. A pedido del agente fiscal Nº 3, Ricardo Esteban Roche, la jueza penal Nº 3, Virginia Palacios, iniciará la investigación sobre los puntos oscuros en el balance anual, como el pago de subsidios y reintegros a funcionarios y la contratación anómala de los servicios de transporte, comida y alojamiento para los Juegos Evita, todos procedimientos que violan la Ley de Contabilidad provincial y que llevaron al Concejo Deliberante a rechazarlo.     

 

"Considero que los hechos son graves. Ameritaba actuar de esta manera"


Roche actuó de oficio. “Es una facultad que tiene el agente fiscal y está contemplada en el artículo 107 del Código de Procedimiento, que dice que podemos actuar ante un eventual delito de acción pública”, dijo seguro el fiscal,  quien desde el 5 de marzo reemplaza a Elizabeth Giménez, de licencia por razones de salud. “A los hechos los considero graves, ameritaba actuar de esta manera”, insistió en justificarse.

 


El “requerimiento de instrucción” lo solicitó el martes en el Juzgado Penal Nº 3. Al escrito lo acompañó con la copia de dos notas que publicó El Diario de la República en la edición papel y web del viernes 25 y del lunes 28 de julio.

 


“Pedí una serie de medidas, entre ellas que se le corra vista al Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas para que informen de los hechos, que justamente se plasmaron en el portal web del matutino”, detalló. Sin embargo, aclaró que quedará a criterio de la jueza evaluar más acciones.

 


El Legislativo y el órgano auditor de la ciudad cuestionaron que la Intendencia haya destinado el año pasado 226.954,26 pesos al pago de reintegros y una suma similar por subsidios. El intendente Enrique Ponce y once funcionarios figuran en el listado de los que los cobraron.  

 


“El reintegro no encuentra amparo legal, dado que no es un procedimiento previsto por la Ley de Contabilidad ni autorizado por la misma”, aseguró el Tribunal en su dictamen, que englobó a ambas modalidades como “gastos sin ningún tipo de procedimiento reconocido por la normativa”.  De paso le recordó que en las cuentas de 2012 ya le habían llamado la atención cuando detectaron maniobras similares por 180.348,75 pesos.

 


Ni siquiera el secretario de Hacienda e Ingresos Públicos, Esteban Pringles, pudo aclarar los motivos de las erogaciones en su visita al Concejo Deliberante el 22 de julio. “No es un subsidio a los funcionarios. La Municipalidad le daba dinero a un funcionario que era elegido coordinador de una comisión tal y esa persona se encargaba de distribuirlo entre las agrupaciones barriales o para quienes era esa plata”. El argumento no convenció a los concejales ni pudo inclinar la votación a favor del Municipio dos días más tarde.

 


En el aplazo de las cuentas de todo el año pasado también tuvo su peso la forma de contratación del transporte, la comida y el alojamiento de 510 deportistas en los Juegos Evita que se disputaron entre el 2 y el 8 de noviembre de 2013. La Comuna apeló a “la necesidad y urgencia” para recurrir a la contratación directa por un total de 1.700.100 pesos y lo hizo en medio de la competencia, en total contravención a la Ley de Contabilidad.

 


Tanto el Tribunal como el Concejo criticaron que la Intendencia tuvo tiempo más que suficiente para realizar una licitación pública y que extrañamente la empresa adjudicada, POCMDP SA, obtuvo el alta de AFIP el mismo mes de la competencia. La singularidad es que esos mismos puntos oscuros los había cometido en el certamen de 2012.

 


“Esos son fondos nacionales. Los maneja la Nación, la Nación dice qué hacer con ellos”, intentó deslindarse Pringles. Pero para el vocal del órgano auditor, Javier Rapisarda, “los fondos nacionales pueden tener su reglamentación interna, pero cuando ingresan al presupuesto municipal deben cumplir las normas que rigen al Municipio. No puedo decir con esta plata hago lo que quiero y no cumplo la Ley de Contabilidad”, sentenció.

 


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