El desafío de la discapacidad: afecta al 12% de la población de San Luis

El Gobierno realiza un relevamiento para saber con exactitud cuántos discapacitados hay.

La discapacidad es una realidad palpable en cualquier sociedad del mundo. La conoce San Luis, que tiene un 12% de su población afectada, según estimaciones oficiales. Convivimos a diario con personas discapacitadas, pueden ser parte de nuestra familia, del entorno laboral o simplemente las cruzamos a diario en la vía pública. Uno de los detalles que marca la evolución de un colectivo social es la manera en la que trata de solucionarle aspectos básicos de su desenvolvimiento a un ciudadano con discapacidad. Lo hace a través de una legislación especial, colaborando en la construcción de ciudades más accesibles y también con pequeños detalles de respeto y convivencia en el trato diario, ya sea brindando una mano para ayudar a cruzar una calle, siendo respetuosos como automovilistas o peatones e incluso colaborando con asociaciones que facilitan ayuda a quienes lo necesiten.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF), define a la discapacidad como “un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud distinta al común de la sociedad y sus factores contextuales, tanto ambientales como personales". Así se construyó un concepto de discapacidad que responde al objetivo general de recortar un grupo de población a la cual se le otorga, luego de una evaluación funcional, el Certificado de Discapacidad. A partir de esta clasificación surgen cinco categorías de discapacidad: motora, visceral, mental, auditiva y visual. Y dentro de cada una hay distintos grados de profundidad.

El Subprograma Promoción y Protección a las Personas con Discapacidad está realizando un relevamiento para conocer más en detalle cuál es la población afectada. Todavía no está finalizado, pero Marina Lombardo, quien está a cargo de la dependencia, calcula que “el 12% de la población tiene algún tipo de discapacidad”. Como ahora existe a nivel nacional el Certificado Único de Discapacidad (CUD), es posible comenzar a cuantificar: “Según datos unificados de los distintos ministerios, hay 3.500 personas que tienen el CUD, a los que hay que agregar a quienes ya tenían el viejo certificado, que se expedía antes de 2001, que son unos 10 mil. De toda la población discapacitada, unos 8.000 son niños de entre 0 y 18 años”, dice Lombardo.

Según el último informe emitido por el Servicio Nacional de Rehabilitación, de las 146.815 personas que fueron certificadas con un CUD durante 2013 en todo el país, el 40,8% (59.933) tienen una discapacidad mental. Le siguen los discapacitados motores con el 32,7% (47.938), los viscerales, que son aquéllos con deficiencias cardiovasculares, hepáticas, respiratorias e inmunológicas entre otras, con un 10,9% (15.935), los auditivos con 9,2% (13.443) y los visuales con 6,5% (9.566).

Más allá de los números, lo que está claro es el cambio de paradigma en la sociedad. El modelo del discapacitado a quien la familia "escondía" en la casa y lo limitaba a recibir el amor de sus seres queridos quedó en el pasado. “Hoy ya no resulta vergonzante tener un hijo con alguna discapacidad, esos chicos reciben estímulos de entrada, van al colegio, aprenden, aspiran a un trabajo de acuerdo a sus limitaciones, tienen derechos y se hacen visibles. En síntesis, se tolera la diversidad”, asegura la funcionaria.

Hay varios factores que ayudaron: la irrupción de las redes sociales, los medios de comunicación y una mayor injerencia de los medios de comunicación. Claro, todavía generan resistencias los beneficios que la legislación les otorga a los discapacitados, porque no se llega a captar en toda su magnitud el interés social que va implícito. “Es lo que llamamos discriminación positiva, destacar para bien a estas personas entre otras, brindando estacionamiento diferenciado a sus vehículos, descuentos y prioridades en el acceso a viviendas, pases de transporte, entre otras facilidades. La misma población que toma con naturalidad que los estudiantes tengan boleto gratuito a veces se enoja si ese beneficio va para los discapacitados”, reflexiona Lombardo, quien cree que de todas maneras “San Luis ha progresado mucho en materia de inclusión, falta crecer más, pero vamos por buen camino como provincia respetuosa de sus derechos, hay legislación específica que mejora lo sancionado por el Congreso Nacional y acciones de gobierno tendientes a mejorar la calidad de vida de los discapacitados”.

San Luis dio un paso fundamental en ese sentido con la confección del artículo 11 bis de la Constitución Provincial, que dice que “todos los ciudadanos tenemos el derecho fundamental de la inclusión social”. Pero no se quedó en palabras, también hay hechos concretos que ayudan a la accesibilidad y la integración. El Gobierno otorga ayudas económicas, en 2012 promulgó la Ley de Turismo Accesible, el transporte es gratuito para discapacitados, que también tienen el 100% de cobertura en prestaciones de salud según la Ley Nacional Nº 24901, ratificada en San Luis por la Nº 013 de 2004. El Plan TuBi los contempló con la entrega de bicicletas adaptadas, hay una intensa actividad de ajedrez social, apoyo a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos y una carrera de intérprete público en lenguaje de señas. Cada municipio tiene una plaza integradora, el 10% del cupo de viviendas sociales es para familias con algún integrante discapacitado, el Plan de Inclusión y otros organismos provinciales (se destaca especialmente el Poder Judicial) los incorporan a su fuerza laboral, existe una Ley de Inclusión Digital, una Oficina Antidiscriminación y más de 600 niños con algún déficit físico o mental participan de los Juegos Intercolegiales.

Entre los muchos obstáculos que falta vencer está el del diseño arquitectónico de pueblos y ciudades. Hay algunas rampas en las aceras, pero faltan demasiadas, al igual que todavía no hay conciencia entre los automovilistas, que suelen taparlas cuando estacionan. “Nos quedan pendientes prestaciones inclusivas, como el refuerzo de las bibliotecas, las invitaciones a teatros y cines y, si bien están los Intercolegiales, más deportes pensados para ellos”, enumera Lombardo, quien está convencida que “todo plan para la inclusión debe empezar por las veredas, porque garantizan la circulación, y las de la ciudad de San Luis dejan mucho que desear”.

Otro detalle en el debe es el Código Urbanístico, que requiere urgentes modificaciones, aunque un ejemplo ocurrido en Merlo, y relatado por Lombardo, deja en claro que falta también concientización, incorporar la necesidad de mejoras de manera natural: “Allí se aprobó un patio de compras sin ascensores, un ‘detalle’ que no tuvieron en cuenta los inversores ni los funcionarios, a pesar de que la ciudad viene trabajando muy bien con Verónica Tassara, jefa de área de Políticas para la Discapacidad de la villa turística”.