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Radicales también quieren saber si a Ponce le falsifican la firma

Por redacción
| 30 de mayo de 2014
Rocha y Guiñazú le dijeron a Ponce que lleve las cloacas a los vecinos del pasaje Santa Rosa.

Los concejales del Frente Progresista Cívico y Social, integrado por Francisco Guiñazú y Claudia Rocha, aseguraron que sólo les interesa saber si alguna persona le está falsificando la firma al intendente de San Luis, Enrique Ponce. Y aclararon que no es una denuncia contra el mandatario, sino que desean conocer lo que sucedió con el decreto que veta una ordenanza que impulsaba la extensión de la red cloacal al pasaje Santa Rosa entre avenida Julio Roca y calle Buenos Aires.

 

Es la primera vez que los radicales contestan las acusaciones de la Municipalidad.


“El único que miente aquí es el asesor letrado de la Municipalidad (por Ricardo André Bazla). Este bloque sólo quiere investigar ante una realidad concreta que es la supuesta falsificación. No hay que perder de vista que se trata de un proyecto que pretende llevar cloacas a un barrio humilde y Ponce nos hace una denuncia. Resulta que en ese veto, hay una firma irregular y nos hace otro juicio. Le pido que se aboque a los problemas de la ciudad, que son muchos, y a partir de allí es cuando la consideración de la gente sobre su gestión va a ser mejor”, resaltó ofuscado Guiñazú y ratificó que van a trabajar por la ciudad a pesar de todo: “Este cuerpo es una caja de resonancia de la opinión pública y vamos a realizar propuestas y a controlarlo”.

 


Rocha acusó a Bazla, de “generar una cortina de humo”: “Si hay una firma dudosa, lo más transparente es que podamos investigar. Defendemos los principios republicanos, no son nuestras prácticas, quizás ellos mismos deberían mirarse”. La edil dijo que si el funcionario la vuelve a agraviar, recurrirá a la Justicia.

 


Más allá de las pericias, Rocha resaltó que es importante investigar el decreto cuestionado. Aunque funcionarios comunales digan que Ponce no tiene drama en decir que es su firma, el jefe comunal, hasta ahora, no lo dijo públicamente más allá que todos los medios buscaron su palabra.

 


Ésta es la primera vez que los ediles manifestaron su postura y fue en una improvisada conferencia de prensa tras la sesión legislativa de ayer. Ambos estaban molestos por las declaraciones realizadas por Bazla en la que denunció a los concejales del Frente Progresista y de Compromiso Federal (CF) de ser “destituyentes, de verter información falsa, de actuar con mala fe y querer hacerle un juicio político al intendente”. En su exposición dijo que el perito calígrafo, Christian Levinsgton, usurpó el título. El profesional se recibió recientemente aunque aún no cuenta con el diploma que lo certifique, aclararon.

 


La presidente del Legislativo, Zulema Rodríguez Saá, y el asesor letrado del cuerpo, Ernesto Nader Alí, encargaron el peritaje y sumaron la prueba a la contestación de la denuncia judicial que realizó el intendente por “conflicto de poderes”.

 


La semana pasada CF quiso tratarlo sobre tablas y no obtuvo los votos suficientes para hacerlo ya que no contó con el apoyo del oficialismo municipal. Ayer el expediente tomó estado legislativo y fue girado a la Comisión Investigadora. Lo mismo quiso hacer esta vez el hijo del intendente, Germán Ponce: intentó que se vote adjuntar la denuncia de Bazla al informe. No tuvo éxito. Sólo lo acompañaron sus colegas del Frente para la Victoria (FPV).

 


Primero, el edil de CF, Jorge Pereira, pidió que ingrese por Secretaría y Marcelo Amitrano lo acompañó como un “efecto de reciprocidad”. Luego, Guiñazú le dio lecciones sobre el funcionamiento interno y le explicó que se puede votar para que se sume un proyecto pero no un documento. Ponce respondió con un gesto inocente sobre el vericueto en el que se metió. Dopazo, de FPV, le retrucó al radical que ese pensamiento “se perpetúe con el tiempo”. “Me preocupa saber quién pagó al perito, cómo se abonó su servicio”, dijo.

 


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