Los concejales de Compromiso Federal preparan un pedido de informe para que la Municipalidad de San Luis responda qué cuidados hace de los espacios verdes. La solicitud surge a raíz de que tienen información que la Intendencia contribuiría a mantener la protesta de un grupo de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad Ciudadana, que continúa con una carpa en plaza Pringles, frente a la Iglesia Catedral.
El bloque mayoritario quiere saber si hacen controles sobre los vendedores ambulantes.
La presidenta del cuerpo legislativo y una de las integrantes de la bancada mayoritaria, Zulema Rodríguez Saá, adelantó detalles del escrito que ingresará en la sesión del jueves y que hasta podría tratarse sobre tablas. "Tenemos datos que indican que el intendente no sólo les bajó la luz para que puedan permanecer en la plaza, sino que además les lleva comida y ayuda económicamente a los que permanecen en la carpa", dijo.
Según Zulema, además del apoyo de Ponce y compañía, también está el del abogado kirchnerista Elías Taurant. "Él busca chicanas judiciales relacionadas con la jurisdicción de la matrícula de los sicólogos que hicieron el test psicológico a los estudiantes", agregó sobre el ex apoderado legal municipal.
Hace diez días, el Gobierno determinó que veinticinco alumnos que habían cursado en distintas sedes del interior de la provincia la carrera que otorga el título de Técnico Superior en Seguridad Pública no reúnen las condiciones para portar un arma e ingresar a la Policía. El veredicto se basó en un informe que estableció que no cumplen con las capacidades suficientes en tres aspectos: intelectual, laboral y emocional. Los cadetes pertenecían a un grupo de ochenta y dos que venían protestando en plaza Pringles para su incorporación después de no haber superado un examen psicológico.
Otro pedido por los manteros
Rodríguez Saá anticipó que junto al resto del bloque de dirigentes justicialistas, del MID y del PUL trabajan en otro pedido de informe para saber si se realizan controles con los vendedores ambulantes o manteros. "Nosotros creemos que se están incumpliendo las ordenanzas porque no se pueden asentar así porque sí en la vía pública", sentenció.
La denuncia policial que radicó una comerciante, que fue agredida junto a su marido por otros que vendían sus productos en la vereda, fue el detonante para que Compromiso Federal avance con la propuesta.
El incidente ocurrió el miércoles a la mañana en calle San Martín, frente a la tienda Balbi. Allí Claudia Arenga, dueña de un local de ropa, y su marido, Gabriel Benítez, fueron insultados y agredidos físicamente por un par de vendedores ambulantes, luego de haberles pedido que corrieran unos metros el puesto de comercialización de medias, para evitar la competencia desleal tan directa. Benítez recibió un golpe de puño en la cara, que le generó un traumatismo de cráneo y tuvo que ser internado en terapia intensiva de un sanatario, según consta en la denuncia que hizo su mujer en la Comisaría 1ª.
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