El "plus" del presentismo: un paliativo con sabor a exclusión para el sistema educativo

Bajo el argumento de una "emergencia financiera y económica" que exige políticas de austeridad, el Gobierno de San Luis publicó el Decreto N° 3864-MHIP-2026, una pieza legal que intenta desactivar el malestar docente pero que, en la práctica, ha encendido nuevas alarmas por su carácter discriminatorio. 

La normativa establece el adicional "Enseñanza en Aula" de 125.000 pesos , pero lo condiciona a un régimen de presentismo estricto: el docente debe cumplir con la totalidad de los días hábiles del mes para percibirlo. Para muchos, este beneficio no es más que una estrategia de imagen para intentar "calmar" a los maestros de grado, cuyos salarios han quedado severamente licuados frente a la inflación y la implementación de dobles cargos.  

La mayor crítica recae sobre la arbitrariedad del decreto, que excluye explícitamente a preceptores, administrativos y a todo el personal del nivel secundario. Esta decisión ignora la realidad de las escuelas secundarias, donde los docentes y preceptores sostienen aulas cada vez más complejas, enfrentando situaciones de violencia escolar y una asfixiante burocracia estatal sin recibir este incentivo. 

Al focalizar el recurso solo en el dictado directo frente a alumnos en niveles inicial y primario, el Gobierno desestima el trabajo de quienes garantizan la convivencia y el funcionamiento administrativo de las instituciones, profundizando una jerarquización salarial que hoy parece no tener sustento pedagógico real.  

El polémico beneficio para la "coordinación rural"

Otro punto que ha despertado fuertes sospechas de favoritismo es el denominado "Ítem Mayor Complejidad Institucional". Este adicional otorga 250.000 pesos extra a directores rurales que asuman la coordinación del Nivel Secundario Generativo. 

En los pasillos escolares, el descontento es evidente: se denuncia que estas funciones, asignadas de forma directa por resolución ministerial, estarían destinadas a "amigos del poder" que antes no aceptaban estos destinos por la baja remuneración. 

Ahora, con un plus que duplica al de los maestros de aula, estos cargos se han vuelto políticamente codiciados, mientras que el resto de la planta docente sigue lidiando con recursos escasos y conectividad deficiente.  

Un presentismo que castiga la salud

La rigurosidad del decreto también es objeto de duros cuestionamientos. Si bien se contemplan licencias por maternidad y enfermedad profesional, las inasistencias por enfermedades comunes no pueden superar las tres por mes ni las diez en todo el ciclo lectivo para no perder el beneficio. 

En un sistema donde los docentes están agotados por las exigencias de las salas de 3, 4 y 5 años recientemente integradas, esta medida se percibe como una presión extra que prioriza la estadística de asistencia por sobre la salud del trabajador y la calidad del vínculo educativo. 
Sin una política que incluya a todos los actores del sistema y mejore las condiciones de infraestructura de fondo, el decreto asoma más como un parche económico para evitar el conflicto que como una verdadera apuesta por la educación pública.