El juicio que empezó con más preguntas que pruebas: auditoría ausente y el primer testigo

El juicio oral contra la exfuncionaria provincial Cintia Marina Ramírez comenzó este lunes ante un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial y, en su primera jornada, dejó más interrogantes que certezas sobre la estructura de la acusación fiscal.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Francisco Assat y el fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán, sostiene que Ramírez habría utilizado su posición como secretaria de Deportes para direccionar fondos públicos hacia el San Luis Fútbol Club, entidad privada que también presidía.

Durante su alegato de apertura, la fiscalía insistió en lo que definió como la “triple identidad” de la imputada: secretaria de Deportes, presidenta del Ente de Deportes San Luis y presidenta del club. Según esa hipótesis, esa superposición de funciones le habría permitido intervenir en la administración y destino de recursos públicos.

Sin embargo, más allá de esa descripción, la acusación no explicó de qué manera la ex funcionaria se habría beneficiado personalmente de ese esquema, un punto que quedó sin desarrollo en la teoría del caso presentada ante el tribunal.

Uno de los aspectos más sensibles del expediente es la compra de un colectivo que, según la fiscalía, habría sido pagado con fondos estatales y con un presunto sobreprecio.

Pero el origen mismo de la causa también aparece rodeado de interrogantes.

La investigación se inició a partir de una auditoría realizada por el entonces secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, actualmente bajo licencia ya que es investigado por la justicia provincial por la desaparición de una cosecha multimillonaria de maíz. Ese informe habría sido el punto de partida para las sospechas sobre el manejo de fondos vinculados a la actividad deportiva.

Sin embargo, esa auditoría no forma parte de la prueba incorporada al juicio oral.

A partir de ese trabajo se presentó la denuncia que impulsó la investigación penal. Quien la formalizó fue Gabriel Rivero, el primer testigo que declaró en el debate.

La defensa de Ramírez, encabezada por los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio, sostiene que la acusación se construyó sobre interpretaciones administrativas y no sobre pruebas concretas de un desvío de fondos.

Según explicó Juárez, varias de las transferencias mencionadas por la fiscalía no habrían sido pagos al club sino a proveedores o becarios vinculados a programas deportivos. Además, cuestionó que las órdenes de pago presentadas como prueba no acreditan que el dinero haya sido efectivamente transferido.

El abogado también remarcó que la auditoría que supuestamente originó la investigación nunca fue incorporada al expediente judicial, pese a haber sido solicitada en reiteradas oportunidades durante la etapa de instrucción.

Para la defensa, el proceso tiene un trasfondo político. “Cada vez estoy más convencido de que es inocente y que es víctima de una persecución política”, sostuvo el letrado tras la primera jornada del juicio.

El debate continuará durante los próximos días con la declaración de testigos propuestos por la fiscalía y se espera que el juicio se extienda hasta el 20 de marzo.