El oficialismo merlino no logró los votos para endeudar al municipio por $1.900 millones

El oficialismo de Villa de Merlo no consiguió la mayoría especial necesaria para aprobar tres proyectos de ordenanza que buscaban autorizar operaciones de financiamiento por un total de $1.900 millones. El resultado frenó el paquete impulsado por el intendente interino Leonardo Rodríguez, que había llegado al recinto con cuestionamientos opositores por la falta de documentación sobre las condiciones de contratación y la devolución de los fondos.
 

Las iniciativas contemplaban una autorización extraordinaria de hasta $1.000 millones para obras de infraestructura y adquisición de bienes de capital; una operación de leasing con el Banco Hipotecario por $500 millones para incorporar maquinaria; y un acuerdo transitorio en cuenta corriente con el Banco Supervielle por $400 millones.

Antes de la sesión, los concejales Lucía Miranda, del Frente Justicialista; Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones; y Daniel Orué, del Socialismo Merlino, habían advertido que el Ejecutivo pretendía comprometer recursos municipales sin aportar información suficiente sobre tasas, plazos y capacidad de pago. También cuestionaron el uso de la coparticipación como garantía.

Los tres ediles señalaron que las explicaciones de Rodríguez y del secretario de Gobierno y Deporte, Francisco Oviedo, durante el tratamiento en comisión no habían despejado esas dudas. Además, remarcaron la ausencia del secretario de Gestión Administrativa y Finanzas, Francisco Leiva, cuya área tiene responsabilidad directa sobre las cuentas municipales.

Para la autorización de hasta $1.000 millones, la oposición sostuvo que se habían mencionado obras eléctricas en El Pantanillo y mantenimiento de calles y plazas, pero sin proyectos técnicos, presupuestos ni cotizaciones. Sobre el leasing, indicó que el Ejecutivo habló de adquirir una batea y otros equipos según el dinero disponible, sin precisar las condiciones de la contratación.

El punto más sensible del paquete era el financiamiento por $400 millones. Según el comunicado opositor, Rodríguez había reconocido que se destinaría a cubrir haberes, con una tasa del 28%. Los concejales objetaron ese destino y propusieron gestionar un anticipo de coparticipación para afrontar las obligaciones salariales.

La discusión se produjo después de las dificultades de la administración para pagar las remuneraciones de funcionarios y las dietas de los concejales, que derivaron en pagos parciales durante octubre.

Con ese escenario financiero de fondo, Rodríguez buscó autorización para las tres operaciones, pero el oficialismo no reunió los apoyos necesarios para habilitarlas.