SAN LUIS - Sabado 02 de Agosto de 2025

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La ciudad de San Luis ya tiene la polémica “ordenanza antitrapitos”

Fue aprobada por los concejales que responden al intendente Gastón Hissa. El justicialismo dijo que se busca “criminalizar la vulnerabilidad”.

Por redacción
| 01 de agosto de 2025

En medio de otra acalorada sesión, con el voto mayoritario del oficialismo poggista y sus aliados y pese al fuerte rechazo de la bancada justicialista, el Concejo Deliberante de San Luis aprobó la cuestionada ordenanza que prohíbe “toda actividad en relación al servicio de lavado, estacionamiento y/o cuidado de rodados en la vía pública, comúnmente conocido como “cuidadores de vehículos” o “trapitos” que impliquen una retribución económica por el titular, poseedor, tenedor y/o guardián del automóvil”. 

 

De esta forma, el Municipio de San Luis replica esta acción que ya se implementó en la villa turística de Merlo y Villa Mercedes, donde también hubo sostenidas voces de desaprobación.

 

“Punitivista y sesgado”. Así calificó el concejal peronista Alejandro Cordido al proyecto impulsado por el Ejecutivo Municipal a cargo de Gastón Hissa. Dijo que lo único que se logra es fortalecer la idea que gran parte de la sociedad tiene de que “esas personas por estar haciendo esa actividad son delincuentes”.

 

Subrayó que “va a ser tan difícil aplicar esta ordenanza” y destacó que con las modificaciones que se introdujeron, no va a poder intervenir la policía. “Si lo hará un inspector bajo la órbita de la Justicia de Falta”.

 

Reclamo constante. La edil oficialista Lizbeth Huatay fue una de las voces que defendió el proyecto de Hissa. Recordó que surge “del reclamo constante de los comerciantes y de los vecinos en general” y que el Ministerio de Seguridad “canalizó la inquietud” y les sugirió a los municipios para que dicte esta ordenanza y las que sean necesarias.

 

“Criminalizar la vulnerabilidad”. La concejala peronista Agustina Gatto, fustigó la parte del proyecto que sostiene que los trapitos cometen “innumerables delitos”, pero no ofrece prueba. “No podemos sancionar una norma que no va a poder ser aplicada”. Lo que se busca es “criminalizar la vulnerabilidad”. Sugirió que se generen acciones como la creación de “espacios para que puedan ser contenidos” quienes ejercen esta actividad. 

 

 

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