Suben a 199 los contratos fuera de escala: sueldos millonarios y funciones ocultas

A contramano del discurso de transparencia, eficiencia y fin de los privilegios, el gobierno provincial acumula al menos 199 contratos fuera de escala, una figura que habilita sueldos millonarios, contrataciones discrecionales y la designación de personas sin concurso, sin funciones claras ni ubicación administrativa conocida.

El dato fue advertido recientemente por Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis, quien señaló que estos vínculos laborales “no figuran en ningún organigrama público, no prestan funciones concretas y responden a acuerdos políticos más que a necesidades del Estado”. En muchos casos, los montos mensuales superan los 4 millones de pesos.

Lo más grave: no es nuevo. Ya en diciembre de 2023, una investigación publicada por El Diario de la República había revelado la existencia de 99 contratos bajo esta modalidad. Siete meses después, el número se duplicó. “Hoy ya son 199 personas. Y no sabemos quiénes son, ni qué hacen, ni dónde trabajan”, alertó Gatica.

La mayoría de estas designaciones se concentran en Terrazas del Portezuelo, el edificio central del Ejecutivo, y no en el interior provincial. Se trata de puestos políticos encubiertos, ocupados por militantes, aliados estratégicos o familiares de funcionarios afines a la gestión de Claudio Poggi. Una práctica que contradice no solo la promesa de “achicar el Estado” sino el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado en diciembre de 2023, que congelaba la planta estatal.

“Son militantes rentados, pagos por lealtad política. Hay quienes cobran millones por mes sin siquiera pisar una oficina pública”, denuncian desde el sindicato. Algunos nombres, aunque sin funciones explícitas, han salido a la luz en el Boletín Oficial, que se publica tres veces por semana. Otros siguen en la oscuridad administrativa.

Un caso que genera especial indignación es el de Dulce Cali Piñeiro, hermana de una de las fundadoras de Avanzar Joven, espacio político afín al poggismo. Figura con contrato fuera de escala dentro de la Secretaría de Comunicación, que encabeza Diego Masi. Según denuncias internas, forma parte del aparato de redes sociales oficialistas, señalados como organizadores de ataques sistemáticos a la oposición en plataformas digitales.

"Hablan de casta pero reproducen lo peor de la política de siempre. Paracaidistas que viven del Estado, sin concursos ni mérito", apuntan desde ATE. “El ajuste lo pagan los trabajadores: el año pasado nos pagaron en cuotas, hoy los salarios están congelados y por debajo de la inflación. Pero mientras tanto, se multiplican estos sueldos VIP”, concluyó Gatica.

El contraste es evidente: mientras se recortan programas, se despide personal y se reduce el salario real, se destinan recursos públicos a sostener un aparato político encubierto. Un sistema de privilegios que el propio oficialismo decía venir a desterrar. Pero los datos —y los contratos— demuestran todo lo contrario.