Damas y caballeros, el barco ha llegado a puerto”, exclamó satisfecha la embajadora Rena Lee, de Singapur.
Esa alegría era genuina porque un nuevo Tratado de Alta Mar para convertir al menos 30 por ciento de los océanos en áreas protegidas acababa de ser adoptado.
Luego de casi dos décadas de esfuerzos, la conferencia intergubernamental de las Naciones Unidas logró un gran objetivo.
“Es una victoria para el multilateralismo y para los esfuerzos globales por contrarrestar las tendencias destructivas que enfrentan la salud de los océanos, ahora y para las generaciones venideras”, declaró el secretario general de la ONU, António Guterres.
“Es un día histórico para la conservación y una señal de que, en un mundo dividido, proteger la naturaleza y las personas puede triunfar sobre la geopolítica”, dijo Greenpeace, uno de los 40 socios de la Alianza del Alta Mar, que luchó durante años por el acuerdo.
El marco legal del nuevo Tratado de Alta Mar prevé que el 30% de los océanos del mundo sean áreas protegidas para 2030, destinar más dinero a la conservación marina, y cubrir el acceso y el uso de los recursos genéticos marinos.
Las negociaciones para un acuerdo vinculante sobre la materia comenzaron en 2004, y desde 2018 llevaron a sucesivas reuniones de la Conferencia Intergubernamental sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional.
La quinta de estas reuniones de trabajo concluyó con la adopción del borrador de acuerdo —aún pendiente de aspectos de redacción y algunas salvedades de los Estados—, también conocido como Tratado de Alta Mar, pues trata de áreas oceánicas que no pertenecen a ningún país.
El tratado establece formas para declarar y delimitar áreas marinas protegidas, para los planes de gestión y pautas para evaluar el impacto ambiental en esos espacios.
También aborda el reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos en el futuro, y compartir información acerca de los hallazgos, que fueron de los aspectos más polémicos durante las deliberaciones.
Entre otros puntos, Greenpeace destacó que el texto contempla una “distribución justa” de los beneficios en nuevas áreas protegidas y elimina la toma de decisiones por consenso, “lo que no ha logrado proteger los océanos a través de organismos regionales existentes como la Comisión del Océano Antártico”.
Los espacios de alta mar, no incluidos en las zonas económicas exclusivas de los países (más allá de las 200 millas desde la costa que controlan los Estados), representan más del 60% de los espacios oceánicos.
Existen algunas normas sobre tráfico marítimo y también sobre pesca, pero hacía falta un pacto dedicado a la conservación de la biodiversidad marina y al eventual empleo de recursos minerales en el lecho oceánico.
El nuevo tratado es una evolución de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, y de la 15ª Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP15) del pasado diciembre en Montreal, Canadá, que fijó el objetivo conocido como 30×30.
La propuesta de Montreal consiste en que antes de 2030 estén protegidas el 30% de las áreas terrestres y oceánicas del planeta.
Greenpeace considera que el nuevo tratado “mantiene vivo el objetivo 30×30 y proporciona un camino para crear áreas total o altamente protegidas en los océanos del mundo".
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