Una excepción sin reglas

El solo hecho de portar un tatuaje puede significar una condena a la cárcel en El Salvador. Desde el 26 de marzo el país está en estado de excepción decretado por el Congreso, lo que implica, entre otras cosas, que una persona puede ser detenida sin tener que ser informada de los motivos de su arresto.

Todo empezó el 25 de marzo: del viernes al domingo se registraron 86 asesinatos a manos de las pandillas, en el registro más alto en los años que lleva al frente del país el presidente Nayib Bukele y una de las peores cifras en 30 años.

A pesar de la violencia, el mandatario goza de altos índices de popularidad: desde el inicio de su mandato, en 2019, el número de asesinatos disminuyó considerablemente. Algunos periodistas y medios independientes como El Faro acusan al gobierno de haber pactado con algunas de las pandillas más importantes del país para que esto sucediera, entre ellas la Mara Salvatrucha y Barrio 18. A cambio de la reducción del número de masacres, el gobierno otorgaba beneficios carcelarios para los pandilleros detenidos y fiscales para quienes se encontraban fuera de prisión.

Los acontecimientos de fines de marzo se explicarían por un fallo en estas negociaciones, que los medios revelaron en diferentes investigaciones. Los 86 asesinatos serían, en realidad, un mensaje para el gobierno.

La respuesta del Estado no hizo más que incrementar la violencia: en dos meses y medio 36.000 personas fueron detenidas, muchas de ellas sin causa, más que la sospecha de pertenecer a estos grupos criminales. El estado de excepción restringe la libertad de entrada y salida del país y la libertad de expresión. Además, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de las telecomunicaciones sin una orden judicial ya no son una garantía.

Las principales pandillas
En El Salvador las maras principales son la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, que según el gobierno tienen alrededor de 70.000 miembros. Además existen otros grupos, como Los Perrones y el Cartel de Texis, que fueron perdiendo poder porque sus líderes fueron apresados.

Muchas de esas pandillas surgieron en California en la década de 1980, casi junto a los primeros migrantes centroamericanos que huyeron por la inestabilidad política, social y las masacres llevadas adelante por los gobiernos locales, algunos de ellos con el apoyo de EE.UU., ocupado y preocupado en la región por la lucha anticomunista de la Guerra Fría.

Todos estos grupos tienen un gran poder, no solamente por sus ingresos debido al narcotráfico y el secuestro, sino también por la ausencia del Estado en algunas regiones, lo que las ha transformado en la autoridad en esos lugares.

Durante muchos años, la respuesta de los gobiernos frente a la violencia fue la mano dura, pero esto no funcionó y las maras fueron reclutando cada vez más jóvenes, e incluso niños, que encontraron en estos grupos una salida a sus problemas económicos y los de sus familias.

Las nuevas medidas del gobierno, frente a los asesinatos de marzo, incluyen la prisión de hasta 10 años de menores de 12 años que se presuma formen parte de las maras, o de 20 en el caso de menores de 16.

Las medidas del gobierno
Desde fines de marzo, en El Salvador el ejercicio del periodismo es cada vez más difícil. Las nuevas normas del gobierno implican también la prohibición para que los medios de comunicación difundan cualquier contenido que pueda ser generado o provenga de las maras. Algo, por otra parte, muy difícil de comprobar.

Los periodistas que violen esta ley, llamada “ley mordaza” por las asociaciones que defienden la libertad de expresión, pueden enfrentar de 10 a 15 años de prisión.

No es el único derecho a la libre expresión coartado con las nuevas medidas: también están prohibidos los grafitis, la propaganda, mensajes o pinturas alusivas al accionar de las maras. La modificación del Código Penal dice que “serán sancionadas las personas que elaboren, faciliten o produzcan textos, pinturas, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos o privados que transmitan mensajes explícitos o implícitos que hagan alusión a las pandillas”.

Los cambios en el Código Penal también incluyen la ampliación del plazo de las detenciones administrativas de 72 horas a 15 días y la facultad que se le otorga al Estado de utilizar los bienes y dinero incautado a las pandillas para utilizarlos en su contra.

No es la primera vez que El Salvador es noticia. Ya en 2020, durante el gobierno de Bukele, el gobierno decidió juntar a los miembros de diferentes maras para que se enfrentaran entre ellos dentro de prisión. Las imágenes del hacinamiento dieron la vuelta al mundo. En ese entonces, otro posible cortocircuito entre gobierno y criminales había desatado la violencia otra vez en el país.

La falla en las negociaciones tuvo consecuencias catastróficas. El problema es que en estas negociaciones la moneda de cambio son los mismos habitantes de El Salvador.