La denuncia que pone los pelos de punta a Poggi y compañía

Para Gladis Beatriz Cáceres son días difíciles. La mujer que en 2015 estuvo a punto de recibir las llaves de una casa en el barrio 80 Viviendas de San Luis vuelve a sentir la angustia y la desilusión que sufrió con su familia cuando le dijeron que le daban de baja como preadjudicataria. Es que el juez de Garantía N° 3 Marcos Flores Leyes citó nuevamente a cuatro funcionarios de la gobernación de Claudio Poggi para que declaren sobre la maniobra que hicieron para reemplazarla como beneficiaria por quien era secretario privado del secretario General de la Gobernación de aquel entonces, Víctor Endeiza.

Gladis se inscribió en 2011 con la esperanza de tener su casa, el principal caballito de campaña de

Poggi. Pero un supuesto inmueble a su nombre fue uno de los argumentos esgrimidos por la exministra de Vivienda Cecilia Lucero y dos de sus dirigidos: la exjefa del Programa de Planeamiento y Gestión de los Recursos Ivana Furlán y el extitular del Subprograma Informatización Francisco Oromí, para destrozarle sus esperanzas, desadjudicarla y suplirla por Miguel Darío Roca, quien según el expediente judicial logró un combo de beneficios

inaudito: diez días antes del acto de entrega ni siquiera tenía el alta como inscripto y le permitieron pagar de una sola vez entre 30 y 40 cuotas para ponerse en igualdad de condiciones con el resto.

Fue tal el chanchullo que Roca ya estaba habitando la casa cuando se desarrolló el acto de entrega de llaves. Una situación insólita. Por eso, el número 66 de la lista no aparece en la tradicional foto de los felices adjudicatarios, según reveló hace unos días Federico Tula Barale, quien era ministro de Desarrollo Social y tuvo un papel protagónico en la recuperación de ese terreno abandonado. "Yo les avisé", dijo tajante Tula Barale en un mensaje que pareció incluir a Poggi y compañía, pero como nadie le llevó el apunte, decidió no asistir a la ceremonia.

Ahora Gladis alimenta la esperanza de que tras varias citaciones, Lucero, Furlán, Oromí y Roca se presenten el miércoles 22 de junio a partir de las 9 y declaren en la causa por "Administración fraudulenta", que tiene una pena de hasta 6 años de prisión.

Sin dudas, la denuncia pone los pelos de punta a Poggi y compañía. Al diputado nacional se lo notó esta semana envuelto en una bola de nervios cuando fue abordado por periodistas en el aeropuerto de San Luis. Lo mismo le pasó al diputado provincial Gastón Hissa, quien después de ser entrevistado por la misma causa, entró a una reunión de legisladores con escribanos sin saludar y visiblemente desencajado. Si ante los micrófonos ambos dijeron que se trata de una persecución política, la pregunta que queda flotando es ¿por qué tantos nervios?