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Esa manía de dilatar en un caso salpicado de corrupción

Por redacción
| 13 de junio de 2022

¿Por qué la defensa de quien era ministra de Vivienda en 2015 junto a otros tres funcionarios no quiere que declaren en una denuncia por administración fraudulenta? Esa es la pregunta que se sigue haciendo Gladis Beatriz Cáceres, quien en ese año figuraba como preadjudicataria para habitar en el flamante barrio 80 Viviendas de San Luis, pero finalmente el sueño familiar se diluyó porque le dieron de baja y en su lugar pusieron al por entonces secretario privado del secretario general de la Gobernación de Claudio Poggi.

 

El interrogante por ahora no tiene respuestas. El abogado Rafael Berruezo no se cansa de dilatar la esperada declaración. Envalentonado por una promesa que le hizo Poggi para ocupar un cargo en la Justicia Federal, el letrado no hace más que presentar recursos de apelación para evitar que tengan que presentarse en la Justicia local la exministra Cecilia Lucero, la exjefa del Programa de Planeamiento y Gestión de los Recursos Ivana Furlán, el extitular del Subprograma Informatización Francisco Oromí y el feliz beneficiario de la casa, Miguel Darío Roca.

 

A comienzos de semana se conoció que el juez de Garantías N° 3 Marcos Flores Leyes hizo lugar al planteo y suspendió las audiencias fijadas para el miércoles 22 de junio. Pero no fue la primera vez. Ya había pasado lo mismo con otra solicitud similar de Berruezo para aplazar una citación prevista a fines de mayo para los cuatro implicados en la maniobra.

 

Lo cierto es que la denuncia altera y mucho el ánimo de los involucrados y de quienes pertenecieron a la gestión provincial. Tanto Gastón Hissa como el propio Claudio Poggi lucieron desencajados cuando la Mesa 5 Radio los abordó para consultarles. Ambos, visiblemente nerviosos, admitieron por un lado que existe una causa judicial pero de inmediato la calificaron de "persecución política". Y esta semana, la propia Lucero, al atender telefónicamente a la misma sección de FM Lafinur, fue creciendo en ira hasta que terminó cortando la comunicación que salía en vivo al aire.

 

Por eso, Gladis y familia no dejan de preguntarse si los exfuncionarios y actuales legisladores minimizan la acusación. ¿Por qué recurren a cualquier argumento legal para estirar la declaración judicial y el tema los pone tan nerviosos?

 

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