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El futuro que termina en el mediterráneo

Por redacción
| 05 de mayo de 2022

Más de 3.000 personas murieron o desaparecieron el año pasado al intentar cruzar el Mediterráneo central y occidental o arribar a Europa por el

 

Atlántico, reportó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con un nuevo pedido de apoyo urgente ante esas tragedias.

 

El llamamiento pide el refuerzo de la asistencia humanitaria, el apoyo y las soluciones para las personas que necesitan protección internacional y los supervivientes de graves abusos de los derechos humanos.

 

El drama continúa, y en lo que va de 2022 Acnur registró la muerte o desaparición en el mar, rumbo a Europa, de otras 478 personas.

 

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) reportó que el pasado 2 de abril, 90 personas murieron después de pasar al menos cuatro días en el mar intentando alcanzar Europa, según el relato de los cuatro supervivientes, rescatados por el buque petrolero de bandera panameña Alegría 1.

 

Esa organización criticó lo que considera negligencia de Italia y Malta para ayudar a los barcos en peligro, e indiferencia de la Unión Europea y sus Estados miembros ante el creciente número de fallecidos y ante la continua violación de los derechos humanos en el mar Mediterráneo.

 

Del total de víctimas del año pasado, 1.924 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo central y occidental, y otras 1.153 perecieron o desaparecieron en la ruta marítima del noroeste de África hacia las españolas islas Canarias.

 

La mayor parte de las travesías marítimas fueron realizadas en embarcaciones inflables y no aptas para la navegación, que en la mayoría de los casos volcaron o se pincharon provocando la pérdida de vidas.

 

Las travesías por el Atlántico desde los Estados costeros de África occidental, como Senegal y Mauritania, hasta las Canarias son largas y peligrosas, pueden prolongarse hasta 10 días y muchas embarcaciones se desvían del rumbo o desaparecen sin dejar rastro en estas aguas.

 

Las rutas terrestres siguen siendo muy peligrosas y puede que el número de fallecidos sea aún mayor en estas travesías a través del Sáhara, fronteras remotas, en centros de detención o durante la situación de cautiverio a la que someten los contrabandistas o traficantes a personas migrantes y refugiadas.

 

Entre los múltiples abusos denunciados por las personas que recorren estas rutas han sido registradas: ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y arbitrarias, violencia sexual y de género, trabajos forzados, esclavitud, matrimonios forzosos y otras graves violaciones de los derechos humanos.

 

La pandemia de COVID-19 y los cierres de fronteras que llevó aparejados también afectaron los desplazamientos hacia el norte de África y los países costeros de Europa, por lo que muchas personas refugiadas y migrantes

 

desesperadas recurren a redes de tráfico que les ofrecen estos peligrosos viajes como alternativa.

 

La inestabilidad política, los continuos conflictos, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y el impacto del cambio climático pueden aumentar los desplazamientos y su peligrosidad.

 

Los Estados “deben garantizar el acceso a los (trabajadores) humanitarios para ofrecer servicios esenciales a las personas que se desplazan o que están atrapadas en las rutas, interceptadas en el mar o retenidas en centros de detención, y para determinar si tienen necesidades de protección internacional”, enfatizó Acnur.

 

De lo contrario, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y otras personas seguirán optando por viajes peligrosos en busca de seguridad y protección; y otros colectivos, como las personas migrantes, seguirán adelante en busca de una vida mejor.

 

 

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